Más críticas a nueva función de Petronic

Ahora que la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) pase a representar los intereses del Estado de Nicaragua en la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, solo se puede esperar que se "privaticen las ganancias" de ese negocio y que el gobierno sandinista "haga del Estado de Nicaragua un deudor cuando haya pérdidas", manifestó ayer el diputado opositor Carlos Langrand, en alusión a la iniciativa de reforma a la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Ley 286 ).

Langrand manifiesta que Petronic se ha convertido en un "monstruo económico" que tiene ganancias de mil millones de dólares anuales; sin embargo, las transferencias al Gobierno son "irrisorias": aproximadamente 45 millones de córdobas.

"La discrecionalidad que ha demostrado Petronic, la duplicidad de servir a dos señores, por un lado el Estado nicaragüense, por otro lado a empresas como PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), así no se logra el control de parte del Estado ni hay ley que se esté aplicando al manejo de Petronic", expresó Langrand, quien es miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos que este jueves dictaminó la iniciativa de reforma a la Ley 286.

Langrand afirma que Petronic, con sus antecedentes de falta de transparencia, no es la más idónea para garantizar que el Estado de Nicaragua pueda tener el rédito de las ganancias de la explotación de los yacimientos petrolíferos. Particularmente el diputado considera que es el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el indicado para representar al Estado en estos negocios, porque es el que maneja los temas de energía y está más ligado al Ejecutivo.

Reforma "excluyente" 

Por su parte, la oficial de incidencia en temas de hidrocarburos de Centro Humboldt, Olivia Guevara, valoró de "excluyente" la propuesta de reforma a la Ley 286 y explicó que su organización trabajó en una propuesta donde sí se aborda la vinculación de las comunidades y el medioambiente a través de la creación de una Comisión Nacional de Evaluación de Hidrocarburos (CONEH).

Guevara explicó que dentro de su propuesta hay un capítulo completo dedicado a la inclusión de los indígenas en el proceso de las leyes que afecten sus territorios "y así puedan decir sí o no a un proyecto de hidrocarburos o minería".

Desde el punto de vista internacional, la inclusión indígena está ratificado en el Convenio 169 y en el Convenio de Derechos Indígenas de Naciones Unidas.

Sobre la CONEH, Guevara aseguró que esta "daría apoyo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para aprobar el protocolo de consentimiento previo e informado. Asimismo, daría acompañamiento en las redes de pozos e inspecciones, también haría más vinculante al Marena y al MEM para hacer tomas de decisiones en cuestiones de medioambiente".

Área concesionada 

Guevara afirmó que si bien no hay acceso a datos técnicos específicos, en Nicaragua hay aproximadamente "más de 1.4 millones de hectáreas concesionadas en el Atlántico, eso es doscientos veces más grandes que lo que está protegido (de territorio) marino costero".