Magistrada Alba Luz Ramos.
Se han interpuesto 112 recursos por inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley 779 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en lo que va del año. Esta cantidad de recursos presentados ante el poder judicial, de parte de distintas organizaciones civiles, feministas y de otros grupos de mujeres, son parte de una jornada cívica en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Este reglamento es el más recurrido en lo que va del año, seguido de la Ley del Canal Interoceánico y la Ley de Reforma a la Ley de Tránsito Nacional.
La propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas, reconoce que la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres ha sido un estira y encoge desde su publicación, recordando que el año pasado fueron organizaciones de abogados quienes interpusieron recursos por inconstitucionalidad en contra de esta ley, y este año son mujeres que se oponen a su reglamento.
Sin embargo, Ramos afirma que la Ley 779 no es inconstitucional y resta importancia a los más de cien recursos interpuestos por organizaciones de mujeres, considerándolos como una forma de “hacer presencia en una especie de campaña”.
Ramos asegura que no puede opinar sobre los recursos hasta que la Corte Plena emita una sentencia, pero adelantó que la próxima semana se darán a conocer reformas al reglamento de la Ley 779, como resultado de reuniones entre magistrados, jueces, fiscales y la fiscal general, quienes han estado revisando “algunas inconsistencias que no tienen que ver con la política de la ley”.
La magistrada Ramos explicó que estas reformas están dirigidas a “ajustar el reglamento a la Ley (779)”, pero no ofreció más detalles a través de una comunicación telefónica.
Ramos recordó que en 2014 fueron organizaciones de abogados, principalmente integradas por hombres, quienes criticaron e interpusieron recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 779, demandando la mediación en casos de violencia doméstica. Estas organizaciones lograron que se reformara la Ley 779 el 25 de septiembre de 2013, apenas un año y tres meses después de su aprobación.
En 2014 son las organizaciones de mujeres que se oponen y recurren por inconstitucionalidad contra un Decreto del ejecutivo que reglamenta la Ley 779, debido a que hace cambios sustanciales en la Ley 779, a través de este reglamento, cuando solo la Asamblea Nacional tiene la atribución para hacerlo.
La resistencia a la aplicación de esta ley, tal y como fue aprobada el 22 de junio de 2012, es considerada por el exdiputado José Pallais Arana como una “reacción natural” de quienes conservan la ancestral cultura machista.
“Es lógica la controversia, porque esta ley viene a tratar de romper con una cultura machista de esquemas de dominación sobre la mujer, entonces es difícil cambiar los condicionamientos que desde la casa, desde la familia, desde los padres le vienen transmitiendo a los varones; este es un proceso de varias generaciones, por lo menos de dos generaciones, tenemos que lograr un cambio cultural”, afirmó el exdiputado.
POLÍTICA MACHISTA DEL GOBIERNO
Tampoco el Gobierno está colaborando con este cambio, a consideración de Pallais, porque hasta ahora ha demostrado que pone en práctica una “política machista”, desde el hecho de criminalizar el aborto terapéutico.
Pallais afirma que el reglamento es claramente inconstitucional porque el ejecutivo modificó una ley vía reglamento y suprimió definiciones de delitos que están claramente establecidos en la ley.
El reglamento cambia la definición de femicidio establecida en la propia Ley 779, porque elimina el “ámbito público o privado” donde se puede cometer el delito (de femicidio), quedando como un “delito cometido por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja y que como resultado diere muerte a la mujer, en las circunstancias que la ley establece”. En cambio, en la Ley 779 se establece que “comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado”.
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