Fiesta de recursos por inconstitucionalidad contra reglamento de Ley 779
Presentes en 153 municipios
Para el Movimiento Amplio de Mujeres que el Estado asuma su rol de prevención, atención y sanción debe incluir una campaña permanente de prevención de la violencia en los colegios, en las calles, en las instituciones del Estado. Además de un juez especializado en violencia, un fiscal, una Comisaría de la Mujer en cada uno de los 153 municipios.
“El Estado debe asignar presupuesto para aplicar ciento por ciento la Ley 779”, indicó María Elena Sandino, feminista de Chinandega.
A la fecha se registran 61 femicidios, según el monitoreo realizado por la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Hasta ayer por la tarde el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua presentó 110 recursos por inconstitucionalidad contra el Reglamento a la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, ante la Corte Suprema de Justicia.
Este reglamento es el más recurrido en lo que va del año, seguido de la Ley del Canal Interoceánico y la Ley de Reforma a la Ley de Tránsito Nacional.
De acuerdo con Mirna Blandón Gadea, del Movimiento Feminista de Nicaragua, cada día un grupo diferente de mujeres de distintas organizaciones están introduciendo su recurso contra el reglamento como parte de una jornada cívica en defensa de los derechos humanos de las mujeres.
REGLAMENTO ILEGAL
La jornada concluirá este viernes con la introducción de al menos veinte recursos más, entre ellos los presentados por la Red de Mujeres Contra la Violencia.
“Estamos ejerciendo nuestra ciudadanía contra un reglamento que fue realizado fuera de tiempo, ya que si la ley salió en octubre del 2013, tenían sesenta días para reglamentarla. Además reforma la Ley 779 en cuanto a la reducción del ámbito del femicidio, limitándolo a las relaciones de pareja”, dijo la feminista.
Otro punto criticado del reglamento por las mujeres es que viola los acuerdos o tratados internacionales firmados por Nicaragua en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención Belem Do Pará y la Cedaw.
También obstaculiza el acceso a la justicia de las mujeres y las está revictimizando porque no es lo mismo ir a interponer la denuncia en la comisaría que pasar por un grupo comunitario que no está establecido en la ley.

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