Seis detenidos en Operación Mojón fueron acusados por tráfico de droga.
A las 9:53 p.m. del jueves, la juez suplente de Distrito Penal de Juicios de Rivas, Zulma Rizo Alemán, encontró culpables de los delitos de tráfico internacional de estupefaciente y crimen organizado a los seis acusados de la llamada Operación Mojón, a los cuales les esperan condenas que podrían superar los 27 años de prisión.
En manos de la Fiscalía
Uno de los momentos más interesantes del juicio fue cuando Antonio García Aguilar hizo uso de la palabra y señaló su desacuerdo con que el fiscal auxiliar Félix Cárcamo tuviese asignado el celular que la Policía le ocupó a él al momento que lo detuvieron y cuestionó que siendo una evidencia ande en manos de un representante del Ministerio Público, cuando es la Policía la encargada de la custodia de todas esas piezas.Fueron declarados culpables: José Antonio García Aguilar (sobrino del magistrado de la CSJ, Marvin Aguilar), Lee Evans Díaz Delgado, Nelson Santos Espinoza Guido, José Leonel Acevedo Sequeira, Denis Fernando Gámez Bustos y Carlos Omar Talavera Zambrana, este último exadministrador financiero de la Alcaldía municipal de Cárdenas.
Además la judicial encontró culpable a García Aguilar y a Díaz Delgado del delito de fabricación, tenencia y portación ilegal de armas de fuego y uso de armas restringidas, porque al momento que fueron capturados el 3 de julio, cuando transportaban 31 kilos con 193 gramos de cocaína, les ocuparon un fusil AK 47 con sus respectivas municiones.
FISCALÍA PIDE PENA MÁXIMA
De acuerdo con Eva Carolina Cano Saballos, secretaria del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Rivas, el Ministerio Público pidió la pena máxima de veinte años de prisión y mil días de multa para los seis acusados, por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.
Por el delito de crimen organizado solicitó siete años de prisión y 500 días de multa, y para García Aguilar y Evans Delgado la Fiscalía pidió ocho años más por el delito de tenencia y portación ilegal de armas de fuego y uso de armas restringidas.
El representante de la Procuraduría General de la República se allanó a las peticiones del Ministerio Público y solicitó el decomiso de todos los bienes incautados por la Policía en el operativo.
El abogado Ricardo Antonio Flores, defensor de García Aguilar y de Díaz Delgado, expresó su desacuerdo con el fallo y pidió las penas mínimas para sus defendidos: diez años por transporte internacional de droga, cinco años por crimen organizado y cuatro años por fabricación, tenencia y portación ilegal de armas de fuego.
PIDEN DEVOLUCIÓN DE PROPIEDADES
En el juicio se apersonaron tres representantes de dueños de varios de los bienes incautados por la Policía, entre los que sobresalió un representante del alcalde sandinista de Cárdenas, Rodolfo Pérez, quien reclamó un CPU, un teléfono celular y 28,470 córdobas que le fueron ocupados a Carlos Omar Talavera Zambrana, exadministrador financiero municipal de Cárdenas.
De acuerdo con el reclamante, tanto el CPU como el celular y el dinero son propiedad municipal, y el dinero es parte de la recaudación de impuestos que pagan los pobladores de Cárdenas. También se personó un representante de la esposa e hija del acusado Nelson Santos Espinoza Guido, quien reclamó varios bienes ocupados a este, entre vehículos, propiedades y dinero en efectivo que no eran propiedad de Espinoza Guido.
Otro tercero de buena fe fue el representante de la empresa Rent a Car, quien pidió la devolución del vehículo donde se transportaba la droga, aunque este vehículo ya fue entregado en depósito a dicha empresa.
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