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lunes, 15 de septiembre de 2014

Petronic deja pobre ganancia

A pesar de ser un oligopolio, dueño del 49 por ciento del gigante Albanisa, Petronic solo reportó ingresos al presupuesto del Estado por 45 millones de córdobas en el 2013.

Según estimaciones del diputado miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Carlos Langrand, por realizar la importación de petróleo al país, Petronic percibe unos cien millones de dólares de utilidades. “De esos, a Nicaragua le podrían tocar unos cincuenta millones”, apuntó. Pero en realidad, lo que aporta Petronic al Estado no alcanzan ni los dos millones de dólares.

Con la reciente reforma a la Ley 286, Ley de Hidrocarburos, el poder de decisión de esta empresa estatal y la posibilidad de mayores ingresos se incrementó, ya que representará al Estado en negocios petroleros.

Es decir, habrá más beneficios económicos, pero hasta ahora el Estado de Nicaragua no ha podido gozar de esa bonanza y se desconoce a los bolsillos de quién van a dar las ganancias reales.

Anualmente, Petronic importa un promedio de siete millones de barriles de petróleo. Según Langrand, esta y otras transacciones son hechas como si esta fuese una empresa privada.

“El giro de esta estatal es ofertar un servicio público al Estado y generar recursos suficientes para que ingresen al Estado y a su vez poder traducirse en inversiones dentro del presupuesto para gastos sociales e inversión misma del Estado, pero ellos no contribuyen al erario”, afirmó Langrand.

Las fallas de Petronic


Un aspecto que destacó Langrand es que de la manera como se maneja Petronic, “privatizada, en el tema de las ganancias al no contribuir al erario, pero sí en el tema de las pérdidas y las concesiones que se perciben de manera privada, pero no en beneficio del Estado, ahí es donde está fallando”.

El esquema de trabajo de Petronic, según Langrand, “no es transparente y se ve favorecido porque la ley está hecha a la medida para que operen y no tengan competencia alguna”.

Más beneficios


El exdiputado Agustín Jarquín Anaya recordó que además de la importación de petróleo, con la reforma a la Ley 286, tendría ingresos por la exploración y explotación de hidrocarburos e incluso para servirles a las empresas de facilitadora de “concesiones” para hacer este tipo de trabajos.

El pasado 3 de septiembre, Petronic ya hizo ejercicio de esas funciones y suscribió dos acuerdos de entendimiento con la compañía británica Geoex y la noruega Statoil, para el desarrollo de un estudio de reconocimiento superficial del Pacífico nacional para la exploración y explotación gaso-petrolífera de esa zona marítima del país.

El área total concesionada a ambas empresas alcanzó los 32,000 kilómetros cuadrados de agua.

Como accionista de Albanisa, Petronic también ha incursionado en otros negocios, como la generación eléctrica y la importación y exportación de alimentos.

Asimismo, de ser construida la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, Petronic será dueña del 49 por ciento de esta inversión.

La familia de Daniel Ortega


Yadira Leets, esposa del hijo mayor de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo, es quien, mediante poder general de administración, está a cargo de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), empresa vinculada a Petronic por medio de la marca comercial.

Además es precisamente Rafael Ortega Murillo el encargado de representar en los negocios realizados con el Grupo Alba al presidente inconstitucional Daniel Ortega.

sábado, 13 de septiembre de 2014

Más críticas a nueva función de Petronic

Ahora que la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) pase a representar los intereses del Estado de Nicaragua en la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, solo se puede esperar que se "privaticen las ganancias" de ese negocio y que el gobierno sandinista "haga del Estado de Nicaragua un deudor cuando haya pérdidas", manifestó ayer el diputado opositor Carlos Langrand, en alusión a la iniciativa de reforma a la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Ley 286 ).

Langrand manifiesta que Petronic se ha convertido en un "monstruo económico" que tiene ganancias de mil millones de dólares anuales; sin embargo, las transferencias al Gobierno son "irrisorias": aproximadamente 45 millones de córdobas.

"La discrecionalidad que ha demostrado Petronic, la duplicidad de servir a dos señores, por un lado el Estado nicaragüense, por otro lado a empresas como PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), así no se logra el control de parte del Estado ni hay ley que se esté aplicando al manejo de Petronic", expresó Langrand, quien es miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos que este jueves dictaminó la iniciativa de reforma a la Ley 286.

Langrand afirma que Petronic, con sus antecedentes de falta de transparencia, no es la más idónea para garantizar que el Estado de Nicaragua pueda tener el rédito de las ganancias de la explotación de los yacimientos petrolíferos. Particularmente el diputado considera que es el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el indicado para representar al Estado en estos negocios, porque es el que maneja los temas de energía y está más ligado al Ejecutivo.

Reforma "excluyente" 

Por su parte, la oficial de incidencia en temas de hidrocarburos de Centro Humboldt, Olivia Guevara, valoró de "excluyente" la propuesta de reforma a la Ley 286 y explicó que su organización trabajó en una propuesta donde sí se aborda la vinculación de las comunidades y el medioambiente a través de la creación de una Comisión Nacional de Evaluación de Hidrocarburos (CONEH).

Guevara explicó que dentro de su propuesta hay un capítulo completo dedicado a la inclusión de los indígenas en el proceso de las leyes que afecten sus territorios "y así puedan decir sí o no a un proyecto de hidrocarburos o minería".

Desde el punto de vista internacional, la inclusión indígena está ratificado en el Convenio 169 y en el Convenio de Derechos Indígenas de Naciones Unidas.

Sobre la CONEH, Guevara aseguró que esta "daría apoyo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para aprobar el protocolo de consentimiento previo e informado. Asimismo, daría acompañamiento en las redes de pozos e inspecciones, también haría más vinculante al Marena y al MEM para hacer tomas de decisiones en cuestiones de medioambiente".

Área concesionada 

Guevara afirmó que si bien no hay acceso a datos técnicos específicos, en Nicaragua hay aproximadamente "más de 1.4 millones de hectáreas concesionadas en el Atlántico, eso es doscientos veces más grandes que lo que está protegido (de territorio) marino costero".