Hace 25 años, en un día como hoy, el gobierno sandinista heredaba a los nicaragüenses una economía resquebrajada, herida por 11 años de conflicto armado, expropiaciones y control de mercado.
A excepción de los líderes de la revolución, la gran mayoría de los nicaragüenses se había empobrecido aceleradamente, tanto así que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita había retrocedido 55 por ciento del registrado en 1978.
Un 25 de abril de 1990, a Violeta Barrios de Chamarro, el ahora presidente inconstitucional Daniel Ortega no solo le imponía sobre el hombro la banda presidencial que certificaba su derrota en las urnas electorales, sino que también le entregaba un país hecho cenizas, con una deuda externa que era seis veces más grande que el Producto Interno Bruto, con una hiperinflación, que en 1987 alcanzó la cifra astronómica de 33,547 por ciento, una moneda local que prácticamente no valía nada y una nación hundida en la desesperanza.
“La economía en los años noventa estaba colapsada, las circunstancias eran bien difíciles”, resume Erwin Kruger, quien tras la transición a la democracia ocupó varios cargos, entre ellos viceministro de la Presidencia, luego ministro de Cooperación Externa y posteriormente directivo del Banco Central de Nicaragua.
Cuando las cifras que en ese momento tenía el Banco Central de Nicaragua fueron auditadas por firmas internacionales, Kruger recuerda que descubrieron que la economía estaba más enferma de lo que parecía. La deuda externa, ejemplifica, no era de 8,600 millones de dólares, sino de 12,500 millones de dólares. “Había unas exportaciones de 325 millones de dólares, pero cuando se liberaron los precios y se nivelaron con los de Centroamérica las exportaciones (en ingreso) cayeron porque nos dimos cuenta que muchas de las exportaciones estaban siendo subsidiadas”, afirma.
“Nicaragua era el país con deuda per cápita más alta del mundo (…), el dinero había cesado en su función de medio para acumular riqueza, en su función para medio de pago y transacción y como reserva de valor, el país había caído en una pobreza generalizada”, describe Kruger.
Y sobre esa dura realidad económica heredada por Ortega y sus allegados fue cuando se comienzan a reconstruir las bases para alcanzar el crecimiento y la estabilidad económica de la que hoy gozan los más de seis millones de nicaragüenses.
Reconstruir la economía no era fácil. Debido al nivel de la deuda externa las fuentes de crédito externo “estaban totalmente agotadas, lo único que se podía obtener eran créditos de suplidores en materias primas, pero a unos precios sumamente elevados, porque Nicaragua se percibía como un país de enorme riesgo”.
Fue así como, añade, se decidió entrar a un sistema de economía de mercado, cuya transición conllevó a abandonar la economía centralizada, se estimuló la competencia y se promovió la libertad de precio.
Modelo sostenible
El economista José Luis Medal recuerda que a partir de los noventa Nicaragua tuvo que impulsar una transformación económica profunda que implicó sustituir las políticas de desarrollo basadas en la macroeconomía populista y con creciente intervención estatal a una de libre empresa, un modelo más agroexportador, zonas francas, cooperación internacional, llegada de remesas y de Inversión Extranjera Directa, un sistema que se ha sostenido a lo largo del tiempo, incluido el actual Gobierno.
Medal plantea que el modelo económico actual y la estrategia de desarrollo son las mismas que se implantaron a partir de 1990, con la única diferencia de que ahora las políticas económicas recurren nuevamente al populismo.
El economista enfatiza en que los motores de crecimiento de la economía actual son las mismas que en los noventa: “Cooperación internacional, remesas familiares, agroexportaciones, maquila e Inversión Extranjera Directa”. Además se mantiene el libre mercado, la libertad de precios, la libertad cambiaria, el retorno a la banca privada, los incentivos fiscales a ciertos sectores y la desgravación arancelaria, menciona Medal en una presentación hecha con motivo de los 25 años de retorno a la democracia.
Esas misma políticas que menciona Medal fueron las que permitieron que la economía en pleno proceso de recuperación en los noventa lograra crecer 6.3 por ciento en 1996, uno de los niveles más altos de las últimas dos décadas y media.
Un crecimiento económico en los noventa vigoroso, si se compara con la estrepitosa caída de 12.4 por ciento del Producto Interno Bruto de 1988, según reflejan las cifras del Banco Central de Nicaragua.
Aun así, desde una visión más crítica, Medal reconoce que “Nicaragua no ha recuperado los niveles de productividad —consecuentemente ni el PIB o el PIB per cápita— que alcanzó en la década de 1970”.
Y además recuerda que el nivel de productividad que se tuvo en los setenta “decreció, sobre todo en la década de 1980, afectando el crecimiento del Producto Interno Bruto”.
Nuevos retos
El presidente del Banco Central de Nicaragua durante el gobierno de Enrique Bolaños, Mario Arana, reconoce el esfuerzo titánico que se hizo en la administración de los noventa para sentar las bases del crecimiento económico de los años venideros.
Hoy por hoy ¿qué no hemos aprendido los nicaragüenses? Arana cree que hace falta plantearse metas económicas más ambiciosas, principalmente en crecimiento económico “de base amplia”, es decir, que resuelva el problema de la desigualdad. Esto pasa por alcanzar el añorado siete por ciento de inversión en educación del Producto Interno Bruto.
Para Arana se debe iniciar un debate abierto e incluyente entre todos los actores de la sociedad. “Creo que no nos estamos preocupando por tener un crecimiento de base amplia”, enfatiza.
Por su parte, Erwin Kruger sostiene que se continúa en el caudillismo y los partidos que parten a Nicaragua, “no respetamos todavía el sistema de democracia, tenemos que aprender bien”, además “no existe seguridad, a pesar de los esfuerzos que ha hecho este gobierno por borrar la incertidumbre”, pero cuando hay atropellos, como lo ocurrido al empresario Milton Arcia, se crea incertidumbre y agrava el riesgo país. Además insiste en el tema de la transparencia de la gestión pública.
