Obispos y Gobierno de Nicaragua liman asperezas

Los obispos de la Conferencia Episcopal fueron muy críticos con la decisión del presidente inconstitucional Daniel Ortega de incorporar a la Iglesia en el reglamento de la Ley 779. La Prensa/ Archivo

Monseñor Bosco Vivas Robelo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), reveló que el diputado sandinista Edwin Castro, jefe de bancada del partido gobernante en el poder legislativo, reconoció que a la Iglesia no se le puede obligar a que participe en conflictos de familia, auxiliando a la Policía Nacional, tal a como lo expresa la Ley 779, en su reglamentación de julio pasado, el cual fue aprobado por el presidente Ortega, sin consultarlo con la Iglesia.

“A mí me explicó el diputado Castro, quien fue muy abierto, que en ningún momento se quiere obligar a la Iglesia y me aclaró que el Gobierno ha orientado a sus diputados a salvaguardar a la familia y coincidía con nosotros los obispos de que tenemos el derecho de ejercer nuestro trabajo, guardando nuestros decretos y que por tanto, ellos no quieren ningún roce con la Iglesia, ni mucho menos inmiscuirse en nuestra doctrina”, revela Vivas, obispo de la Diócesis de León.

Reglamento incorporo a las pastorales

En la reglamentación a la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, en el artículo 46 del reglamento, Ortega incorpora a las pastorales religiosas y religiosos como parte de las expresiones comunitarias, en calidad de auxiliares de la Comisaría de la Mujer y de las otras delegaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público para la adopción de medidas precautelares.

A la vez, en el artículo 48, Ortega considera a los religiosos también como auxiliares de la Policía y del Ministerio Público para verificar los factores de riesgo que facultan para la detención policial de los denunciados.

Auxiliares del poder judicial

Igualmente los artículos 49 y 50 designan a los religiosos como auxiliares del poder judicial a través de las Comisarías para el seguimiento de las medidas cautelares que los jueces pueden imponer.

Según el jerarca católico en el encuentro con el jefe de la bancada sandinista el jueves pasado, el legislador le expresó que había voluntad tanto del poder legislativo como de la Presidencia de la República a revisar la polémica reglamentación, en la que los obispos la han considerado “una camisa de fuerza” en la gestión de la Iglesia, en temas de conflictos de familia.

“Yo entendí que la ellos, la bancada sandinista y hasta la Presidencia están dispuestos a que se revise la reglamentación a la Ley 779, para ver qué se puede corregir”, expresa el obispo de León y encargado de la 

Pastoral de Familia del Episcopado.

“Lo importante que el diputado Castro tuvo apertura y entiende la preocupación de la Iglesia. Nosotros siempre hemos trabajo por el bien de la Familia, pero desde nuestros criterios y reglamentos evangélicos y una cosa muy importante que dijo el diputado Castro es que reconoció que el Gobierno está claro que la familia la conforman un hombre y una mujer”, señaló Vivas.