Declaran culpables a los de masacre

El juicio fue altamente custodiado por la Policía Nacional y al final se hicieron presentes los comisionados Juan Ramón Gámez, jefe de la DAJ y Ramón Avellán, subdirector de la institución. 

Después de seis días de juicio y el desfile de noventa testigos, el juez Edgar Altamirano declaró anoche culpable a los 12 procesados por la masacre del 19 de julio, aunque descartó la conspiración y la proposición en los hechos acusados por la Fiscalía.

De esta manera declaró culpable a Juan José Tórrez Espinoza, Gregorio Tórrez Espinoza y Erick Salgado González, conocidos como “los tirapiedras”, únicamente por daño agravado.

Por este delito la Fiscalía solicitó dos años de prisión, mientras que el defensor Carlos Baltodano pidió la pena mínima y cuestionó que el daño nunca fue acusado, ni probado por el Ministerio Público, porque no presentó ningún avalúo por daño.

Mientras que a los procesados Leonel Poveda Palacios, José Ricardo Cortez Dávila, Zacarías Cano Angulo, Wilfredo Balmaceda los declaró culpables por ser coautores intelectuales de asesinato, lesiones graves y crimen organizado.

Fiscalia pide 30 años de carcel

Por estos delitos la Fiscalía pidió treinta años de prisión, mientras las defensas pidieron penas mínimas al considerar que no hay agravantes.

También criticaron la falta de pruebas para el crimen organizado, pues la Policía en su “negligente investigación” no demostró quién era el líder de la organización, ni cuál era el fin económico que perseguían, tal y como describe este tipo penal.

“Es lamentable, es un mal precedente para la justicia, porque aquí vendrá un policía diciendo que la Inteligencia le dijo tal cosa y nos van a meter presos, porque en este juicio no había ningún testigo que lograra señalar la culpabilidad. La decisión jamás fue judicial, fue política”, expresó Carlos Baltodano, uno de los defensores.

En lo que respecta a Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Obando y Rosendo Huerta, los declaró culpables de crimen organizado, de autores materiales de asesinato y lesiones graves. Aquí la Fiscalía también pidió treinta años de cárcel.

A Eddy Gutiérrez y a Jairo Obando les sumó el delito de portación ilegal de armas de fuego y a Rosendo Huerta el delito de tenencia y uso de armas restringidas.

A Walter Balmaceda lo declaró culpable del delito de asesinato, lesiones graves y crimen organizado. Por estos delitos la Fiscalía pidió 18 años de prisión. Mientras que a José Oliver Meza lo declaró culpable de encubrimiento, por este delito la Fiscalía pidió 15 años de cárcel.

“Yo respeto criterios, pero la valoración de la prueba no estuvo correcta. Jairo nunca estuvo en reuniones, ni salió contaminado en la prueba de nitrado”, dijo el defensor Marlon Aburto.

Denuncian tortura

Al final del juicio los procesados Jairo Obando, Wilfredo Balmaceda y Eddy Gutiérrez al hacer uso de la palabra denunciaron haber sufrido tortura por parte de oficiales de la Policía Nacional durante la investigación.

Además dijeron que ellos nunca confesaron ninguna participación por voluntad, sino que los obligaron a ir a reconstruir la escena del crimen y tenían que hacer lo que ellos decían porque si no los seguirían golpeando y los amenazaron con matar sus familiares.

“Soy inocente. No he tenido nada que ver con ese acto terrorista. Me llevaron encadenado ahí, la Policía me decía que me tenía que declarar culpable ante los medios”, declaró Eddy Gutiérrez.

Mientras que el procesado Jairo Obando Delgadillo acusó que los “policías antimotines” que lo llegaron a sacar de la casa de su papá lo trasladaron en un vehículo, donde le pusieron un fusil AKA en el ano y otro fusil AKA en la cabeza “ y me decían: ‘Vas a hacer lo que nosotros te digamos, si no vamos a matar a tu familia’”, dijo el procesado al judicial.

“Me llevaron a una casa solitaria amarrado como animal, me tiraban hormigas a medianoche, me jalaban de la cabeza y me arrastraban. Decían que debía hacer lo que ellos quisieran. Me torturaron y tocaron mi punto débil, mi familia”, continuó Obando. Para el abogado Marlon Ocampo, el juez debió valorar la declaración de tortura. La sentencia condenatoria quedó pendiente.