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martes, 16 de diciembre de 2014
Madre que achuchilló a bebé irá a juicio
Zeneyda del Carmen Hernández irá a juicio en marzo de 2015 por el delito de parricidio en perjuicio de su bebé, a quien acuchilló inmediatamente luego de darlo a luz.
La titular del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa, María Josefina Vásquez Carrasco, admitió los elementos probatorios que ofreció el Ministerio Público en la audiencia inicial.
A petición del fiscal auxiliar Roberto López Miranda y de la defensora pública, Gloria García, la judicial aceptó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva que le había impuesto en la audiencia preliminar, y le impuso la medida de presentación periódica cada 15 días.
Asimismo, accedió a la petición de girar oficio al Instituto de Medicina Legal para que Hernández sea valorada psiquiátricamente, algo que ya se había ordenado en la audiencia preliminar.
viernes, 7 de noviembre de 2014
A juicio por maltratar a niño de 18 meses
Se realizó en orden, ante la presencia de amigos y familiares del niño agredido presuntamente por el acusado.
Acusador particular ofrece testigos del momento de la agresión
La juez local de San Juan del Sur, Gioconda Rodríguez, encontró méritos suficientes para remitir a juicio oral y público a Fauricio Horacio Valenzuela Gutiérrez, de 22 años, acusado por agresión y exposición de personas al peligro, en perjuicio del menor de iniciales J.C.H.P., de 18 meses.
La acusación presentada por el acusador particular Alejandro González, señala que a las 6:30 p.m. del 26 de octubre, bajo efectos del alcohol “o de alguna otra sustancia”, Valenzuela Gutiérrez presuntamente le pegó una patada en el estómago al niño Juan Carlos Herrera Pizarro, cuando este jugaba en la vía pública observado por su madre Ana Carolina Pizarro Peña. Una cámara de seguridad del hostal Pachama grabó la salvaje acción.
Al respecto, la señora Irma Sorayda Gutiérrez madre de Valenzuela Gutiérrez, dijo que toda la acusación es un montaje en contra de su hijo. Señaló que a su muchacho los familiares del niño golpeado lo llegaron a sacar de una sucursal bancaria de San Juan del Sur la mañana del lunes 27 de octubre y lo golpearon y hasta después lo entregaron a la Policía.
Indicó que ella vive sola con sus tres hijos (el detenido, otro de 17 años y un menor de 12 años) y que es mentira que anden intimidando a los testigos.
González refirió que presentará a cinco testigos que presenciaron el momento en que presuntamente Valenzuela golpeó al menor y lo levantó por los aires de una patada, ellos creyeron que lo había matado por el fuerte golpe.
Aseguró que ofrecerá el testimonio de un investigador policial y el dictamen del médico forense de Rivas, Luis Ocampo Jara, el cual no está finalizado porque le falta incluir los resultados de un ultrasonido y radiografías que le fueron practicadas al menor.
La presentación de las pruebas fue cuestionada por el abogado César Baltodano defensor de Valenzuela, preguntando, ¿en cuál momento procesal se pidió la ampliación del dictamen forense?
Puesto que en la audiencia preliminar fue ofrecido el dictamen médico emitido por la doctora Vanesa Arcia, el cual indicaba que el menor no presentaba ningún problema grave de salud y solo tres lesiones leves.
Según Baltodano, en la audiencia preliminar no se solicitó ampliación del dictamen médico legal.
Sin embargo, la juez Rodríguez consideró que las pruebas ofrecidas por el acusador particular eran suficientes para remitir la causa a juicio y tras confirmar la prisión preventiva como medida cautelar, programó el juicio oral y público para las 9:00 a.m. del próximo 18 de noviembre.
Ese día la juez decidirá si el acusado es culpable o no de los delitos imputados.
Acusador particular ofrece testigos del momento de la agresión
La juez local de San Juan del Sur, Gioconda Rodríguez, encontró méritos suficientes para remitir a juicio oral y público a Fauricio Horacio Valenzuela Gutiérrez, de 22 años, acusado por agresión y exposición de personas al peligro, en perjuicio del menor de iniciales J.C.H.P., de 18 meses.
La acusación presentada por el acusador particular Alejandro González, señala que a las 6:30 p.m. del 26 de octubre, bajo efectos del alcohol “o de alguna otra sustancia”, Valenzuela Gutiérrez presuntamente le pegó una patada en el estómago al niño Juan Carlos Herrera Pizarro, cuando este jugaba en la vía pública observado por su madre Ana Carolina Pizarro Peña. Una cámara de seguridad del hostal Pachama grabó la salvaje acción.
Denuncian intimidación
La juez local de San Juan del Sur, Gioconda Rodríguez, girará oficio al jefe de la Policía de esa zona para que hable con los familiares de Fauricio Horacio Valenzuela Gutiérrez, que se alejen de los testigos, puesto que en la audiencia inicial el acusador particular dijo que algunos testigos no quieren ir a juicio por temor a los familiares del joven acusado que supuestamente los están intimidando.Al respecto, la señora Irma Sorayda Gutiérrez madre de Valenzuela Gutiérrez, dijo que toda la acusación es un montaje en contra de su hijo. Señaló que a su muchacho los familiares del niño golpeado lo llegaron a sacar de una sucursal bancaria de San Juan del Sur la mañana del lunes 27 de octubre y lo golpearon y hasta después lo entregaron a la Policía.
Indicó que ella vive sola con sus tres hijos (el detenido, otro de 17 años y un menor de 12 años) y que es mentira que anden intimidando a los testigos.
TESTIGOS DEL HECHO
González refirió que presentará a cinco testigos que presenciaron el momento en que presuntamente Valenzuela golpeó al menor y lo levantó por los aires de una patada, ellos creyeron que lo había matado por el fuerte golpe.
Aseguró que ofrecerá el testimonio de un investigador policial y el dictamen del médico forense de Rivas, Luis Ocampo Jara, el cual no está finalizado porque le falta incluir los resultados de un ultrasonido y radiografías que le fueron practicadas al menor.
La presentación de las pruebas fue cuestionada por el abogado César Baltodano defensor de Valenzuela, preguntando, ¿en cuál momento procesal se pidió la ampliación del dictamen forense?
Puesto que en la audiencia preliminar fue ofrecido el dictamen médico emitido por la doctora Vanesa Arcia, el cual indicaba que el menor no presentaba ningún problema grave de salud y solo tres lesiones leves.
Según Baltodano, en la audiencia preliminar no se solicitó ampliación del dictamen médico legal.
Sin embargo, la juez Rodríguez consideró que las pruebas ofrecidas por el acusador particular eran suficientes para remitir la causa a juicio y tras confirmar la prisión preventiva como medida cautelar, programó el juicio oral y público para las 9:00 a.m. del próximo 18 de noviembre.
Ese día la juez decidirá si el acusado es culpable o no de los delitos imputados.
lunes, 13 de octubre de 2014
Relatos de horror en juicio
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| Los acusados de cometer la masacre del 19 de julio, durante el juicio en su contra. |
Fue un relato de horror. Minutos antes de que fueran condenados por el juez Edgard Altamirano por la masacre del 19 de julio, en un maratónico juicio que concluyó la noche del pasado jueves, Eddy Gutiérrez, Jairo Obando y Wilfredo Balmaceda hicieron uso de la última palabra, un derecho de todo acusado al final de un juicio, para declararse inocentes y denunciar torturas de parte de altos jefes policiales.
Gutiérrez, con la voz entrecortada, dijo que cuatro días después de ser capturado, autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) lo llevaron a una casa particular donde lo esperaba el Comisionado general y jefe de investigaciones de la Policía Ramón Avellán. “Había dos vehículos, dos prados, una camioneta crema como del 2010 o 2006 y otra blanca más moderna… El señor Avellán me llevó a una casa particular y ahí comenzó la peor tortura, una cosa fea que no se la deseo a nadie”, dijo.
El relato de Gutiérrez sorprendió a todos en el séptimo y último día del juicio en el que los 12 campesinos acusados de la masacre del 19 de julio fueron encontrados culpables de una matanza en la que cinco simpatizantes del FSLN murieron y 29 más resultaron heridos, luego de que dos caravanas fueran refaguedas en el kilómetro 75 de la Carreta norte y en San Ramón, Matagalpa cuando el país celebraba los 35 años de la derrota de la dictadura somocista.
“Comenzaron a ocuparme de sand bag como dicen pues, sopa de muñeca... En ese momento decidieron que yo tenía que ir a traer a Jairo (Obando). Yo con el comisionado de auxilio judicial como a las 11 salimos de ahí y fuimos a la casa de Jairo a capturarlo llegamos como a eso de la una”, relató Gutiérrez, mientras sus familiares, presentes en la sala de juicio, lloraban.
Gutiérrez, Obando y el capitán retirado del Ejército, Pablo Martínez Ruiz, prófugo de la justicia, fueron los tres tiradores de la Carretera norte, según la tésis de la Policía y la Fiscalía. Sin embargo, de este último no se aportó una sola prueba durante el proceso y apenas fue mencionado por la fiscal María Oviedo durante los alegatos finales del juicio.
Los tiradores de San Ramón, habrían sido Rosendo Huerta, con la complicidad, según el veredicto del juez, de su cuñado Zacarías Cano.
Jairo Obando fue el último de los tres procesados en hablar. Tomó el micrófono, saludó a los presentes y se declaró inocente.
“Fui capturado el tres de agosto a la una de la mañana. Me torturaron como si yo fuera un delincuente. Uno, con el perdón de ustedes, me puso el Ak en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza. Me dijeron aquí vas hacer lo que digamos hijo de la tal por cual, porque estás en nuestras manos, si no ya sabes, si no tu familia se va a morir y los vamos a decapitar manos por manos y pies por pies. Y yo tuve miedo porque la verdad mi familia es todo para mí”, dijo Obando.
“A media noche –continuó Obando– me tiraban hormigas y yo sin camisa, solo con pantalón sin zapato y sin nada, me tiraban hormigas … me tiraban patadas a darme a mí. Me trataban como animal después me bajaron y me llevaron como un perro y me jalaban y me arrastraban como animal. Me dijeron que me iba a bañar porque iba a dar una entrevista. Y yo con miedo y nervios y todo y me sientan en una mesa y están 8 personas apuntándome con una Ak de civil, pero sí encapuchado para que yo hiciera lo que ellos me iban a decir y si yo me movía o hacia un movimiento en falso, aquí te morís hijueputa… “.
“Me torturaron y tocaron lo más débil de mí: mi familia. Yo por mi familia, dije, ni modo que me maten, voy hacer lo que ellos digan”, relató Obando.
Confidencial buscó una reacción en la sala de juicio donde estaban presentes Avellán y el jefe de la DAJ Comisionado general Juan Ramón Gámez, pero huyeron a preguntas de los periodistas.
Los tres acusados narraron que el video presentado por la jefa de la Policía Aminta Granera en conferencia de prensa, en el que ellos aparecen confesando el crimen, fueron obligados a filmarlo.
“Quiero dejar claro que en el informe (video) que pasa la Policía dice que de mi libre y espontánea voluntad les he dado una entrevista en donde yo acepto los cargos que ellos me señalan. En ningún momento le he dado a la Policía una entrevista de mi libre y espontánea voluntad y ellos muy bien lo saben. Si yo les hubiera dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad aceptando los cargos que me señalan, yo al inicio de este juicio me hubiera declarado culpable, señor juez”, dijo Balmaceda.
Marlon Aburto, defensor de los únicos tres de los 12 acusados que hicieron uso del derecho a la palabra, dijo que el juez Altamirano debió tomar en cuenta el testimonio de sus defendidos en el veredicto.
“A mí, Marlon Aburto, con experiencia de andar litigando, fui militar mucho tiempo, hasta ganas de llorar me dio, porque nunca iba a pensar que en este país iba a pasar eso”, dijo Aburto.
Carlos Baltodano, que defendía al transportista Walter Balmaceda, a Erick Salgado y los hermanos Torres, conocidos como “Los tirapiedras”, denunció que sus clientes también sufrieron torturas.
“Hasta yo, que fui militar, me quedé asustado de la forma en que torturaron al hombre. A mi mis clientes me lo dijeron pero les dije no lo digan para no predisponer la decisión del juez pero también fueron torturados”, dijo Baltodano.
“Por ejemplo a Erick (Salgado) él me comentó que lo agarraron como saco de papas, les daban golpes con el puño en sus costados, le daban con la culata del fusil en sus costados –dijo Baltodano--. “A Juan José y a Gregorio (Torres) también los golpearon. A Walter no lo golpearon pero psicológicamente si lo torturaron”.
Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que no es la primera vez que denuncian torturas de parte de altos jefes policiales en la DAJ. Catalogo la denuncia como un retroceso en la protección de derechos humanos.
La foto que contradice la tésis de la Policía
La misma noche que la Policía ubica a Eddy Gutiérrez en la escena del crimen disparando, su cuñada Emigdia Torres le tomó dos fotografías. El sistema de la cámara Sony revela que la primera foto fue captada el 19 de julio a las 9 y 20 de la noche y la segunda a las 9 y 21.
En la fotografía se observa a Gutiérrez que carga a su hija dormida para subirla a una camioneta. Torres, que fue uno de los testigos del defensor Marlon Aburto, le dijo al juez que ese día, celebraban en la casa de la mamá de Gutiérrez el Divino niño y que le pareció gracioso que el acusado cargara a su hija, mayor de 10 años.
“Esto es un mal precedente para la justicia y digo que es un mal precedente porque aquí va a venir un jefe de la policía diciendo que la inteligencia le dijo esto lo otro de ustedes de mí y a todos nos van a meter preso porque en este juicio no hubo ni un testigo que lograra a ninguno de los acusados, ninguno de ellos es culpable”, dijo Carlos Baltodano, otro de los defensores.
Condenados todos
Después de concluir el juicio, Altamirano se tomó una hora y media para dictar su veredicto. A Salgado y los hermanos Torres, conocidos militantes sandinistas de Ciudad Darío, los declaró culpables por Daños agravados. La Fiscalía pidió para ellos dos años de prisión.
Los tres habrían sido contratados por el transportista Walter Balmaceda para apedrear las caravanas, que los buses aminoraran la velocidad y que así fueran blancos fáciles de los tiradores.
Balmaceda, según la tésis de la Fiscalía, fue contactado por su primo (los abogados defensores niegan que sean familia) Wilfredo Balmaceda para orientarle que buscara a “Los tirapiedras”.
Altamirano culpó a Walter Balmaceda por el delito de asesinato y lesiones graves. La Fiscalía pidió para él 18 años de prisión. José Olivar Meza Raudez, es un campesino de San Isidro acusado de brindar alojamiento a los involucrados en la masacre. El juez lo condenó por el delito de encubrimiento. La fiscal Oviedo pidió para él 15 años de cárcel.
El resto de acusados fueron encontrados culpables de asesinato, crimen organizado y conspiración y lesiones graves. Para todos la Fiscalía pidió 30 años de cárcel.
ABC del caso
El juicio arrancó el pasado tres de octubre bajo fuertes medidas de seguridad. Según la investigación policial los preparativos para la masacre comenzaron el 10 de junio cuando se reunieron en Ciudad Darío, Matagalpa, Leonel Poveda, Wilfredo Balmaceda, Eddy Gutiérrez, Pablo Martínez Ruiz, Rosendo Huertas –señalado de ser uno de los tiradores en San Ramón, Matagalpa-- y José Cortez. El objetivo era planear el atentado.
Después se unirían al grupo Zacarías Cano, Jairo Obando y Walter Balmaceda. Sin embargo, durante los siete días que duró el juicio, el Ministerio Público presentó como testigos a policías y personas que resultaron lesionadas durante la estrategia.
Uno de los testigos estrellas de la Fiscalía era Cleofás Ríos, un militante sandinista que viajaba en el bus que conducía aquella noche Walter Balmaceda y en el que transportaban “Los tirapiedras”, dijo al juez Altamirano que ellos pasaron por el lugar de la tragedia a las 10 y 30 de la noche, casi una hora después de la tragedia.
“Yo vine aquí señor juez a decirle la verdad”, dijo Ríos ante el asombro de la fiscal María Oviedo.
Domingo Ruiz, responsable político del FSLN en la comunidad de Los Encuentros, Ciudad Darío, también desfiló como testigo propuesto por el defensor Carlos Baltodano. Le contó a Altamirano la misma versión de Ríos: que aquella noche pasaron por el lugar cuando ya la tragedia se había consumado.
viernes, 10 de octubre de 2014
Declaran culpables a los de masacre
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| El juicio fue altamente custodiado por la Policía Nacional y al final se hicieron presentes los comisionados Juan Ramón Gámez, jefe de la DAJ y Ramón Avellán, subdirector de la institución. |
Después de seis días de juicio y el desfile de noventa testigos, el juez Edgar Altamirano declaró anoche culpable a los 12 procesados por la masacre del 19 de julio, aunque descartó la conspiración y la proposición en los hechos acusados por la Fiscalía.
De esta manera declaró culpable a Juan José Tórrez Espinoza, Gregorio Tórrez Espinoza y Erick Salgado González, conocidos como “los tirapiedras”, únicamente por daño agravado.
Por este delito la Fiscalía solicitó dos años de prisión, mientras que el defensor Carlos Baltodano pidió la pena mínima y cuestionó que el daño nunca fue acusado, ni probado por el Ministerio Público, porque no presentó ningún avalúo por daño.
Mientras que a los procesados Leonel Poveda Palacios, José Ricardo Cortez Dávila, Zacarías Cano Angulo, Wilfredo Balmaceda los declaró culpables por ser coautores intelectuales de asesinato, lesiones graves y crimen organizado.
Fiscalia pide 30 años de carcel
Por estos delitos la Fiscalía pidió treinta años de prisión, mientras las defensas pidieron penas mínimas al considerar que no hay agravantes.
También criticaron la falta de pruebas para el crimen organizado, pues la Policía en su “negligente investigación” no demostró quién era el líder de la organización, ni cuál era el fin económico que perseguían, tal y como describe este tipo penal.
“Es lamentable, es un mal precedente para la justicia, porque aquí vendrá un policía diciendo que la Inteligencia le dijo tal cosa y nos van a meter presos, porque en este juicio no había ningún testigo que lograra señalar la culpabilidad. La decisión jamás fue judicial, fue política”, expresó Carlos Baltodano, uno de los defensores.
En lo que respecta a Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Obando y Rosendo Huerta, los declaró culpables de crimen organizado, de autores materiales de asesinato y lesiones graves. Aquí la Fiscalía también pidió treinta años de cárcel.
A Eddy Gutiérrez y a Jairo Obando les sumó el delito de portación ilegal de armas de fuego y a Rosendo Huerta el delito de tenencia y uso de armas restringidas.
A Walter Balmaceda lo declaró culpable del delito de asesinato, lesiones graves y crimen organizado. Por estos delitos la Fiscalía pidió 18 años de prisión. Mientras que a José Oliver Meza lo declaró culpable de encubrimiento, por este delito la Fiscalía pidió 15 años de cárcel.
“Yo respeto criterios, pero la valoración de la prueba no estuvo correcta. Jairo nunca estuvo en reuniones, ni salió contaminado en la prueba de nitrado”, dijo el defensor Marlon Aburto.
Denuncian tortura
Al final del juicio los procesados Jairo Obando, Wilfredo Balmaceda y Eddy Gutiérrez al hacer uso de la palabra denunciaron haber sufrido tortura por parte de oficiales de la Policía Nacional durante la investigación.
Además dijeron que ellos nunca confesaron ninguna participación por voluntad, sino que los obligaron a ir a reconstruir la escena del crimen y tenían que hacer lo que ellos decían porque si no los seguirían golpeando y los amenazaron con matar sus familiares.
“Soy inocente. No he tenido nada que ver con ese acto terrorista. Me llevaron encadenado ahí, la Policía me decía que me tenía que declarar culpable ante los medios”, declaró Eddy Gutiérrez.
Mientras que el procesado Jairo Obando Delgadillo acusó que los “policías antimotines” que lo llegaron a sacar de la casa de su papá lo trasladaron en un vehículo, donde le pusieron un fusil AKA en el ano y otro fusil AKA en la cabeza “ y me decían: ‘Vas a hacer lo que nosotros te digamos, si no vamos a matar a tu familia’”, dijo el procesado al judicial.
“Me llevaron a una casa solitaria amarrado como animal, me tiraban hormigas a medianoche, me jalaban de la cabeza y me arrastraban. Decían que debía hacer lo que ellos quisieran. Me torturaron y tocaron mi punto débil, mi familia”, continuó Obando. Para el abogado Marlon Ocampo, el juez debió valorar la declaración de tortura. La sentencia condenatoria quedó pendiente.
miércoles, 8 de octubre de 2014
Testigo desvirtúa tesis de la Fiscalía
El abogado Marlon Aburto entrega al juez Edgar Altamirano las tres fotografías tomadas, por la testigo, a Eddy Gutiérrez el día 19 de julio.Otra testigo quita valor a la acusación de la Fiscalía durante el juicio del caso conocido como la masacre del 19 de julio. Esta vez fue Emigdia Tórrez Rizo, cuñada de Eddy Gutiérrez Delgadillo, uno de los acusados de supuestamente disparar contra la caravana sandinista el pasado 19 de julio, quien presentó tres fotografías que ubican al acusado en casa de su mamá a la hora de los hechos.
Incidentes con testigos
Durante la audiencia de juicio de ayer pasó a declarar el adolescente que estuvo detenido junto con los identificados como los tirapiedras y confirmó que la Policía los detuvo a las 10:30 p.m., a unos cien metros de donde se bajaron del bus conducido por Walter Balmaceda.El juez mandó a entrevistar a Sandra Gutiérrez, quien estaba entre los testigos por confusión, porque ella iba a declarar, pero al final el abogado Marlon Aburto había desistido de pasarla y le informó al juez para que la sacaran. El caso no pasó a más. Dos testigos del abogado Félix Ocampo fueron eliminados porque habían estado presentes en la audiencia y no debe ser así.Las fotografías fueron tomadas a las 9:20 p.m. y a las 9:21 p.m., del 19 de julio, en la comarca Las Pilas.
Contrario a lo dicho por la testigo, la Fiscalía, ubica a Eddy Gutiérrez Delgadillo escondido en la comunidad Las Pilas, donde llegó supuestamente a eso de las 4:00 a.m., del 19 de julio y permaneció en ese lugar hasta las 6:00 p.m., cuando lo abandona junto con los otros dos supuestos tiradores, entre estos, Jairo Obando Delgadillo, y caminan hasta el punto de la emboscada, donde permanecen hasta el ataque a eso de las 9:30 p.m. y 9:40 p.m.
La testigo Tórrez Rizo dijo al juez que ese 19 de julio celebraron en la casa de la mamá del procesado Eddy Gutiérrez el rezo del Divino Niño y toda la familia acude y ella tomó las fotografías con una cámara rosada y reflejan la hora y la fecha en que fueron tomadas.
En las imágenes aparece Eddy junto a su hija menor. “La actividad terminó aproximadamente a las 9:30 p.m. y cada hijo se fue a su casa, ubicadas ahí mismo en la comunidad Las Pilas”, dijo Tórrez Rizo.
Tórrez Rizo fue propuesta por el abogado Marlon Aburto y fue la testigo número siete que pasó a declarar ayer en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, ante el juez Edgar Altamirano.
OTRA TESTIGO A FAVOR DE PROCESADO
Otra testigo que ubica a Eddy Gutiérrez en su casa es Fátima Ardón Andino, vecina de este y quien se dedica a la costura, por lo que permanece hasta altas horas de la noche trabajando en la máquina de coser.
“Yo estoy ubicada frente a la puerta de la casa y veo todo lo que pasa afuera. Ese día 19 de julio yo vi llegar a Eddy en su camioneta roja con sus tres hijos y su esposa a la casa como a eso de las 9:40 de la noche, porque me fijé la hora en el celular. Eddy bajó chineados a sus niños, supongo porque iban dormidos”, dijo la testigo.
Otra prueba introducida a favor de Eddy Gutiérrez fue una factura de una ferretería en Ciudad Darío, donde compró materiales de construcción el 19 de julio, que pertenecían a Carolina Paguaga, para quien estaba trabajando.
MÁS TESTIGOS
Luego el abogado Aburto pasó a declarar a los testigos de Jairo Obando Delgadillo, otro de los acusados por disparar contra la caravana sandinista, en la que fallecieron cinco personas y más de cuarenta resultaron lesionados.
Una de las testigos fue Martha Dolores Delgadillo, tía del acusado, quien dijo que el 19 de julio su sobrino estaba en su casa viendo el programa Sábado Gigante. Agregó que eran entre las 10:00 y 10:30 p.m. cuando escucharon la noticia de que habían disparado contra las caravanas de los buses que iban de Managua.
“Él (Jairo) quería llevar en bicicleta a mi hija al centro de salud donde estaban llegando los heridos y le dije que no, que eso estaba peligroso”, indicó la testigo.
Otra que llegó a declarar fue Claudia Rivera Matamoros, estilista de la comarca, quien aseguró al judicial que a su venta llegó Jairo con sus niños a comprar una gelatina para el cabello a eso de las 7:00 p.m., cuando iba de regreso a dejar a sus niños donde su mamá.
El abogado Aburto se quejó con el juez en varias ocasiones porque la fiscal María Oviedo era hostil con los testigos al punto de que el juez también le llamó la atención. “Es abusiva con los testigos, los humilla y trata de confundir con cosas que no han dicho”, apuntó Aburto.
El juicio fue suspendido a las 6:30 p.m., cuando se terminó de evacuar toda la prueba propuesta por los abogados. Los alegatos finales continuarán mañana y se espera que concluya con el fallo judicial del caso. Hasta el momento la Fiscalía no ha logrado quebrantar la presunción de inocencia de los procesados, según las declaraciones de los testigos.
Los delitos por los que son acusados los 12 procesados son: conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato y lesiones gravísimas. El juicio lleva cinco días desde el viernes pasado.
Jairo Obando Delgadillo y Eddy Gutiérrez Delgadillo, acusados de disparar a las caravanas sandinistas el pasado 19 de julio.sábado, 4 de octubre de 2014
Arrancó juicio en el caso de masacre del 19
Como una nueva ilegalidad y violación a derechos constitucionales calificaron ayer las defensas de los 12 procesados por el caso de la masacre del 19 de julio, el hecho que el juez Edgar Altamirano les quitó el derecho a los nueve acusados de asesinato, de ser juzgados por un tribunal de jurado como manda la ley.
A esta ilegalidad se suma el hecho de que el judicial titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua permitió que la Fiscalía presentara como prueba el video de un “experimento de investigación de la reconstrucción de la escena del crimen” con los procesados y sin estar presentes sus abogados, por lo que la consideran ilegal.
“Vayámonos al debate de pena de una vez, porque está irrespetando los derechos de los procesados, porque usted (juez) no puede subrogarse ese derecho del procesado de elegir ser juzgado por un tribunal de jurado”, dijo Carlos Baltodano, durante la audiencia previa al juicio.
Sobre la solicitud de exclusión de la prueba propuesta como “experimento de la investigación de la escena del crimen”, la fiscal María del Socorro Oviedo expresó que “no solo en los laboratorios se puede experimentar”, sino incluso ahí mismo en la audiencia “se pueden experimentar muchas cosas como experimentar emociones”, argumentó la fiscal durante la audiencia preparatoria a juicio.
“El juez ha actuado de forma parcial a favor de la Fiscalía al permitirle un recurso que no cabe para que el caso sea conocido por un juez técnico y permitirle prueba ilegal e impertinente, como la del policía que vendrá a declarar que vio y escuchó a uno de los acusados decir a la televisión que había participado en los hechos. Todo es insólito en este caso”, declaró Paulino Salazar, uno de los abogados defensores.
Un poco antes de iniciar el juicio a las 2:00 p.m. de ayer, se presentó a los Juzgados la fiscal general, Ana Julia Guido, quien dijo que su presencia obedecía a la preocupación permanente de cómo se dan los procesos.
“No es la primera, ni la última vez que estoy en un juicio, siempre estoy pendiente del trabajo que desarrollan los fiscales”, indicó Guido.
Mientras tanto, en la Sala de Juicio se realizaba la lectura de la acusación por los hechos ocurridos el pasado 19 de julio cuando atacaron los buses de la caravana de simpatizantes del Frente Sandinista que iban de Managua a sus lugares de origen.
La fiscal Oviedo señaló que probará los delitos de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, daños y lesiones gravísimas cometidas supuestamente por los procesados. El juicio continuará hoy.
A esta ilegalidad se suma el hecho de que el judicial titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua permitió que la Fiscalía presentara como prueba el video de un “experimento de investigación de la reconstrucción de la escena del crimen” con los procesados y sin estar presentes sus abogados, por lo que la consideran ilegal.
“Vayámonos al debate de pena de una vez, porque está irrespetando los derechos de los procesados, porque usted (juez) no puede subrogarse ese derecho del procesado de elegir ser juzgado por un tribunal de jurado”, dijo Carlos Baltodano, durante la audiencia previa al juicio.
VERGONZOSO ARGUMENTO DE FISCAL MARÍA OVIEDO
Sobre la solicitud de exclusión de la prueba propuesta como “experimento de la investigación de la escena del crimen”, la fiscal María del Socorro Oviedo expresó que “no solo en los laboratorios se puede experimentar”, sino incluso ahí mismo en la audiencia “se pueden experimentar muchas cosas como experimentar emociones”, argumentó la fiscal durante la audiencia preparatoria a juicio.
“El juez ha actuado de forma parcial a favor de la Fiscalía al permitirle un recurso que no cabe para que el caso sea conocido por un juez técnico y permitirle prueba ilegal e impertinente, como la del policía que vendrá a declarar que vio y escuchó a uno de los acusados decir a la televisión que había participado en los hechos. Todo es insólito en este caso”, declaró Paulino Salazar, uno de los abogados defensores.
LLEGÓ LA FISCAL GENERAL
Un poco antes de iniciar el juicio a las 2:00 p.m. de ayer, se presentó a los Juzgados la fiscal general, Ana Julia Guido, quien dijo que su presencia obedecía a la preocupación permanente de cómo se dan los procesos.
“No es la primera, ni la última vez que estoy en un juicio, siempre estoy pendiente del trabajo que desarrollan los fiscales”, indicó Guido.
Mientras tanto, en la Sala de Juicio se realizaba la lectura de la acusación por los hechos ocurridos el pasado 19 de julio cuando atacaron los buses de la caravana de simpatizantes del Frente Sandinista que iban de Managua a sus lugares de origen.
La fiscal Oviedo señaló que probará los delitos de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, daños y lesiones gravísimas cometidas supuestamente por los procesados. El juicio continuará hoy.
viernes, 3 de octubre de 2014
Doctora dirá toda la verdad
El juez Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, rechazó ayer el incidente de nulidad por supuesta violación a derechos constitucionales de la doctora Arlen Raquel Romero Gutiérrez, una de las acusadas de homicidio imprudente en perjuicio de la doctora Karina Peña López, por considerarlo improcedente.
Según el judicial, no hubo indefensión para la procesada, ya que la misma fue notificada de cada auditoría realizada por el Ministerio de Salud, contrario a lo alegado por la defensa.
“Siempre se les notificó de las auditorías realizadas por el Ministerio de Salud (Minsa), así lo demostró la prueba aportada por el Ministerio Público, ya que la defensa no aportó ninguna prueba para demostrar su pretensión, y aquí en el proceso judicial se les ha garantizado la defensa”, argumentó el judicial.
Según Cortez, hubo una violación a los derechos constitucionales de su representada durante la investigación que realizó el Minsa en el caso, y que la acusación fue basada en esa investigación ilegal, lo que causó indefensión a Romero Gutiérrez.
Cortez al escuchar la resolución del judicial dejó sentada su protesta.
Mientras tanto la otra procesada, doctora María Gabriela Barrios Machado, al ser consultada por los medios de comunicación dijo que en su momento hablará y dirá la verdad sobre el caso, aunque no detalló a qué se refería.
De igual forma, Elton Ortega, abogado de la doctora Teresa Isabel Cuadra, dijo que no era el momento para responder a las preguntas de los medios y que iban a decidir cuándo hablar.
Mientras, las médicas procesadas seguirán presentándose a los juzgados a firmar asistencia hasta que llegue el juicio.
Lo que dice la acusación
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las galenas no tuvieron el debido cuidado al tratar a la paciente Karina Peña, quien llegó a la emergencia del Hospital Salud Integral, el pasado 5 de abril a las 9:25 p.m., con dolor abdominal, fue atendida a las 10:00 p.m. y le mandaron a hacer exámenes de sangre y orina, pero fue hasta el día siguiente (6 de abril) que le ordenaron un ultrasonido, diagnosticándole pancreatitis aguda.
Ese día hasta las 12:20 del mediodía ingresaron a la paciente a sala general y a las 10:00 p.m. la acusada Teresa Isabel Cuadra, al encontrar a la paciente en un cuadro ansioso y con dolor le administró antibióticos (ceftriazone), el cual no está indicado para el tratamiento de la pancreatitis aguda, mas cuando no se sabe el origen, según acusación.
Juicio
15 de octubre es la fecha probable de juicio para el caso de homicidio imprudente en perjuicio de Karina María Peña López, a las 10:00 a.m. en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua.
miércoles, 1 de octubre de 2014
A juicio por matar a cambista
La defensa de Héctor Alexander Herrera Alemán argumenta que este nada tiene que ver en el crimen del cambista. Para el 12 de enero próximo fue programado el juicio para Héctor Alexander Herrera Alemán, de 27 años, acusado por el asesinato del cambista esteliano Joel Zeas Rayo.
Herrera es el único detenido por el asesinato y robo agravado en perjuicio del cambista. A solicitud de la Fiscalía, la juez Alma Pino Irías determinó que dicho proceso mantendrá la tramitación compleja y la parte acusadora puede aportar nuevas pruebas en contra de los acusados Edgar Enoc Vásquez Toruño, originario de Estelí; Allan Fernando Monge Urella, costarricense, y Héctor Alexander Herrera Alemán, de Managua.
Según la acusación, el grupo delincuencial “Pura Vida” operaba desde agosto de 2013 en países como Costa Rica, Panamá y Colombia, en donde al igual que en Nicaragua habrían cometido millonarios robos con intimidación y con fuerza.
La acusación ubica a Herrera como el cabecilla de dicha organización, misma que en Nicaragua habría cometido una serie de robos.
Entre los medios de prueba el Ministerio Publico señala un vídeo del 17 de julio, en el que presuntamente se observa a Herrera ingresar a un banco, previo a la entrada de Joel Zeas Rayo en compañía de un ciudadano, a quien ese día cambió cincuenta mil dólares.
El abogado Manuel Aguirre alegó que de las 24 páginas de la acusación, solo en cinco se vincula a su defendido, argumentando que los testigos en ningún momento ubican a Herrera en el lugar del crimen.
Inicia juicio contra exjefe policial
El Tribunal B de Mayor Riesgo que preside la jueza Janeth Valdéz inició el juicio contra Pedro García Arredondo. La querella fue presentada por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, cuyo padre Vicente fue una de las víctimas.
El juicio contra un exjefe policial por la matanza de 37 personas, tres de ellas españoles, en 1980 en la embajada de España en Guatemala, comenzó este 1 de octubre en el país centroamericano.
En el banquillo de los acusados se ha sentado a Pedro García Arredondo, un exjefe de un comando de la extinta Policía Nacional (PN) y único detenido por la matanza, a quien se ha acusado de asesinato y deberes contra la humanidad, como se califica en Guatemala el delito de lesa humanidad.
García Arredondo llegó al recinto judicial esposado, con un semblante sereno y actitud tranquila, mientras en las afueras del edificio se registró una ceremonia religiosa maya a la que asistieron varias decenas de personas.
La audiencia de juicio inició a las 9.40 hora local (15.40 GMT) en el Tribunal B de Mayor Riesgo, ubicado en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, centro de la capital, con el embajador español, Manuel Lejarreta, como uno de los observadores del debate, según constató Acan-Efe.
La masacre tuvo lugar el 31 de enero de 1980, cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar del general Fernando Romeo Lucas García (1924-2006) asaltaron la embajada española después de que fuera ocupada por campesinos guatemaltecos.
En el asalto murieron quemadas 37 personas, entre ellas el cónsul español Jaime Ruiz del rbol, sus compatriotas y empleados de la legación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.
También Vicente Menchú, padre de la líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú; el expresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Lehnhoff, y el excanciller del país Adolfo Molina Orantes.
Rigoberta Menchú, que actúa como querellante en el proceso, dijo ayer que espera que este juicio se desarrolle sin presiones y sirva para cerrar las cicatrices que dejó de la guerra que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996.
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