Condenados por masacre El Carrizo fuera de celdas

Mercedes Torres Pérez y sus dos hijos Josué Sael y Elmer Torres Cruz, resultaron muertos en un ataque de sandinistas en noviembre de 2011.

Las cuatro personas condenadas a tres años y medio de prisión por la masacre de tres miembros de una familia campesina de la comunidad indígena El Carrizo, a diez kilómetros de San José de Cusmapa, en Madriz, salieron ayer de las celdas preventivas de la Policía, en Somoto, donde permanecieron cumpliendo la sentencia que les impuso el juez del Distrito Penal de Juicio, Erick Laguna Averruz.

La masacre ocurrió el 8 de noviembre del 2011, dos días después de las elecciones presidenciales en Nicaragua. “Yo giré la orden judicial para que los condenados por este caso (la masacre de El Carrizo) recobren hoy (ayer) mismo su libertad, en vista de que estas personas ya cumplieron la pena impuesta por el Juez Erick Laguna”, apuntó el juez Ejecutor de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Madriz, José Dolores Ubao.

Las declaraciones del judicial se dieron ayer mientras informaba que en días recientes recibió de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una resolución sobre un recurso de Casación que introdujo años atrás el Ministerio Público, luego del fallo del juez Laguna que condenó a tres años y medio de cárcel a los acusados.

El juez José Dolores Ubao, dijo que en la puesta en libertad del exsecretario político del FSLN en Cusmapa, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda; del exdelegado del Consejo Electoral Municipal, Eusebio Cruz Montenegro; del exjefe de la delegación policial, subcomisionado Elvin de Jesús López y otro oficial de la Policía, se aplicó la extinción de pena porque estos ya cumplieron la condena.

Los implicados en la masacre fueron condenados por los delitos de homicidio, lesiones graves y tenencia ilegal de armas.

CENIDH critica decisión judicial

Ayer se pronunció el coordinador regional del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) en Las Segovias, Alberto Rosales, quien dijo que la justicia en el país sigue siendo selectiva y depende del poder Ejecutivo, al no existir independencia de poderes.

“A otros reos los privan de sus derechos, al pasar hasta más de dos años exigiendo extinción de penas por delitos menores, y a estos (los de la masacre de El Carrizo) les dieron privilegios en las cárceles, porque cumplieron sus penas en las celdas preventivas de la Policía de Somoto. Jamás estuvieron en el Sistema Penal de Estelí”, dijo Rosales.

Lo que nunca se olvida

La noche del 8 de noviembre del 2011, el entonces secretario político del FSLN en el municipio de San José de Cusmapa, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda, y el también delegado del Consejo Electoral Municipal (CEM) en esta localidad, Eusebio Cruz Montenegro, con el apoyo del jefe de la delegación policial en esa zona, subcomisionado Elvin de Jesús López, encabezaron a un grupo de sandinistas que apoyados de varios policías viajaron en camionetas de la Alcaldía a la comunidad indígena de El Carrizo, donde acribillaron a miembros de una familia: Mercedes Torres Pérez y a sus dos hijos Josué Sael y Elmer Torres Cruz e hirieron a otros dos más.

Sobrevivieron los otros dos hijos de doña Irinea Cruz, José Francisco (Amílcar) y José Moisés Torres Cruz. El resto de la familia y demás campesinos de la comunidad se internaron en la profundidad de las montañas de El Carrizo para salvar sus vidas.

A tres años de masacre en El Carrizo

Doña Irinea Mejía, 68 años, desgrana a mano las vainas de frijol recién cosechado. Primero separa las vainas secas de las frescas y luego con destreza mecánica va sacando los granos rojos y frescos que, al mediodía, estarán sirviéndose sopeados y humeantes a su prole. Son frijoles camagua. Los primeros después una dura sequía que golpeó a la comunidad El Carrizo, a diez kilómetros de Cusmapa, Madriz.

Hace tres años tuvo tendidos a su esposo y cuatro de sus hijos en el piso de tosco embaldosado de ese mismo cuarto. Tres muertos y dos heridos. La peor noche de su vida. Revuelve casi con furia las vainas de la pana plástica como buscando algo que parece no encontrar. Se detiene y sentencia:

”Yo tengo valor, tengo valor hasta para perdonar, pero mis hijos no””.

Como se dio la masacre

José Benigno Tórrez, hijo y hermano de los asesinados. Su casa pasó de mal a peor en estos tres años y tuvo que abandonarla..

El Carrizo perdió la tranquilidad la noche del 8 de noviembre de 2011. Fue un martes. Dos camionetas cargadas de simpatizantes del Frente Sandinista, un funcionario electoral y cuatro policías, entraron a la comunidad a eso de las ocho y media de la noche. Muchos de ellos iban borrachos. Lideraban a esa turba furiosa el jefe municipal de la Policía, el delegado del Consejo Supremo Electoral y el secretario político del Frente Sandinista en Cusmapa.

El domingo anterior se realizaron las elecciones presidenciales. La Junta Receptora de Votos 8020 de la localidad registró oficialmente 190 votos para el gobernante Frente Sandinista, 190 para el opositor PLI, uno para el PLC y cinco votos nulos.

Sin embargo, las acusaciones de fraude caldearon los ánimos, y ese día funesto un grupo de campesinos sandinistas llegó a la delegación policial de Cusmapa a pedir protección, pues decía sentirse amenazado por los liberales de la comunidad que les acusaba de armar fraudulentamente un empate en un lugar donde perdieron las elecciones. Así las cosas, la turba que entró furiosa ese día martes 8 de noviembre de 2011 llegaba con el propósito de ajustar cuentas con los liberales disconformes.

—¡Hijos de la gran puta, aquí van los sandinistas por tu cabeza!— dice doña Irinea que oyó antes de que comenzara la balacera.

Según la versión de los liberales, fue una cacería. Según la versión de los sandinistas, fue un enfrentamiento. Sin embargo, los resultados hablan más de una masacre. A eso de las diez de la noche, doña Irinea tenía tendido en el piso de su casa los cadáveres de su marido, don José Mercedes Pérez Tórrez (67 años) y dos de sus hijos Elmer (52) y Josué Zael (22). Mientras otros dos hijos, José Francisco (18) y Moisés (31), estaban gravemente heridos de bala. Del lado de los sandinistas, hubo un solo herido: el secretario político del Frente Sandinista, Jesús Herrera Zepeda, quien sufrió una herida en la rodilla, aparentemente provocada por un machetazo.

La turba que llegó en las camionetas de la Alcaldía de Cusmapa primero se fue a golpear las puertas de algunos conocidos liberales de la comunidad. No los encontraron. Luego se fueron a una especie de placita frente a la iglesia de la comunidad donde encontraron a los Tórrez, una familia liberal que buscaba cómo huir.

—¡Aquí están estos hijueputas! —dice un testigo que escuchó gritar antes que comenzara la matanza.

Según el testimonio de un militante sandinista de la comunidad que pidió no ser identificado, los Tórrez salieron armados de machetes y palos. “Comenzó la tiradera de piedras de ambos lados. El secretario político (Jesús Herrera Zepeda) aparentemente andaba borracho con todos los del grupo y recibe los primeros golpes con palos y el machetazo en la pierna. Entonces, como él anda pistola comienza a disparar y ordena a la Policía que le defienda y dispare en contra de quienes le hieren”. Fue una orgía de sangre. Unos sesenta hombres, armados con cuatro fusiles AK y una pistola, y con el respaldo de la autoridad, cazando a media docena de campesinos prácticamente desarmados.

““Estábamos reunidos””, relata Moisés Tórrez, uno de los sobrevivientes. “Venían las camionetas bujando. ‘¡Alístense malditos liberales que aquí vamos los sandinistas por la cabeza de ustedes!’ Estábamos indefensos. Nos sentimos atemorizados y buscamos cómo corrernos. Nos atraparon y nos hirieron””.

Don Mercedes llevó la peor parte: recibió bala, machete y garrote. “”A mi papá lo masacraron””, dice Moisés Tórrez, quien ese día fue herido de bala en la pierna. Elmer y Josué Zael también murieron baleados. Sobre el cadáver del último, dicen los testigos, los asesinos brincaron (“”bailaron””, es la palabra que usaron) a tal punto que “”se le salieron las tripas””. Otro hermano Tórrez, José Francisco, quedó herido con un balazo en los intestinos.

Policías en El Carrizo

A los tres meses de la masacre de noviembre 2011, se construyó esta delegación policial en la comunidad El Carrizo. Tiene dos celdas y ocho policías.

De ese día para acá, muy poco ha cambiado en El Carrizo. Los cambios más notables de estos tres años son que ya hay luz eléctrica y se ven incluso unas antenitas parabólicas en algunos techos, y unas casas nuevas, construidas por el Instituto de Promoción Humana (Inprhu) destacan entre las casas pobres de la comunidad.

Pero tal vez el cambio más notable es la delegación policial que levantaron a los tres meses de la masacre, a pocos metros de la casa de doña Irinea. Ocho policías se turnan en grupos de cuatro para vigilar que “”la sangre no llegue al río””. El temor de que se repita la noche del ocho de noviembre está vivo en todos los habitantes de El Carrizo. Hay mucho resentimiento, odio y miedo acumulados. Es un polvorín.

La nueva estación policial que todavía huele a pintura fresca, tiene dos celdas que, según el suboficial Ariel Báez, pocas veces han sido usadas.

Báez es nuevo en la zona. Dice no conocer mucho de los que ha pasado en El Carrizo, pero asegura que están ahí para evitar que pequeños conflictos se hagan más grandes ““sin distingo de política””.

Sin embargo, doña Irinea, más que protegida, dice sentirse vigilada. La desconfianza proviene de que entre los que masacraron a su familia estaban cuatro policías.

De hecho, al poco tiempo de iniciada la entrevista, llegó un policía en motocicleta y se mantuvo en la puerta por unos 15 minutos. Posteriormente, otros policías llegaron a pedir los nombres del equipo que llegó ese día a la comunidad.

““Miren””, dice doña Irinea señalando con los labios al policía que permanece a la entrada de su casa. ““Creen que yo les voy a tener miedo. No les tengo miedo. Un día vino un policía y yo estaba tan enojada que le manoteé la pistola. ¡El Señor ya se me había salido del corazón! Ellos me decían cosas… Yo estaba enojada. Contrólese doña Irinea, me decía””.

Proceso cargado

La masacre es una herida que no ha sanado. Principalmente porque el juicio que se siguió después fue “”desigual e injusto””, al decir de Alberto Rosales, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh ) en Las Segovias, y quien estuvo a cargo de darle seguimiento al caso El Carrizo. Rosales basa su afirmación en varias señales que se vieron durante el proceso: una Fiscalía que evitó acusar por “”asesinato”” y lo hizo por “”homicidio””, una Policía que escondió a los acusados de los medios de comunicación, quienes fueron incluso impedidos de cubrir el juicio, y, sobre todo, una pena contra los culpables que califica de “”ridícula””: poco más de tres años de prisión para cuatro de los acusados.

“”Cuando la pena es ridícula, lleva a la población a tomarse la justicia por sus propias manos. Exacerba el odio y la polarización””, dice Alberto Rosales. Según la sentencia del juez de Somoto, Erick Laguna Averruz, todos los condenados estarían libres en mayo de 2015, aunque Rosales dice que, extraoficialmente, saben que todos están libres ya.

““Yo no quiero que vuelvan aquí””, dice tajante doña Irinea. “”No soy capaz de hacerles un mal, pero mi familia sí. A mí me dolería mucho que mis hijos se volvieran asesinos””. Dos de los ocho hijos que le quedan vivos están en el Ejército. Y ella asegura que a duras penas los ha detenido “”para que no hagan una zanganada””.

Moisés Tórrez, de 33 años, uno de los sobrevivientes de la masacre dice: “”Ya sabemos lo que es correr la sangre. A mí no me da miedo. Si quieren perpetrar una vez mas la masacre que se realizó el 8 de noviembre del año 2011 en contra de mi familia, ya sería una reacción diferente. No seria justo que lo vuelvan a repetir””.

“Hagase Sandinista

Doña Irinea sabe que todas sus penurias económicas se terminarían, o al menos se aliviarían, si ella decide hacerse sandinista.

“”Ellos me han dicho que yo me haga sandinista y me van a dar ayuda. ¿Cómo me voy a vender yo? Como cristiana no puedo””, dice.

Cuenta que durante la sequía recién pasada, llegaron de parte del Gobierno a dar paquetes de ayuda alimenticia. A ella y los suyos, dice, no les dieron nada.

““A nosotros no nos dan. El odio es más con nosotros porque a ninguno de mis hijos les dan. Somos pobres. Vienen a donar casas, yo les he dicho ayúdenme con una casa. Nada. Mi casita está toda arruinada porque uno no tiene cómo. Nosotros estamos excluidos como si no fuéramos personas””.

Le pregunté finalmente a doña Irinea qué le pediría al presidente Daniel Ortega si lo tuviese de frente, y en su respuesta exhibió una dignidad de la que carecen muchos de los políticos:

“”Yo no me tantearía a pedirle nada a él, porque él me puede poner todas las condiciones, pero yo voy a estar sujetada a lo que él diga, a todas las injusticias que él imponga. Y yo eso nunca lo haría””.

Relatos de horror en juicio

Los acusados de cometer la masacre del 19 de julio, durante el juicio en su contra.

Fue un relato de horror. Minutos antes de que fueran condenados por el juez Edgard Altamirano por la masacre del 19 de julio, en un maratónico juicio que concluyó la noche del pasado jueves, Eddy Gutiérrez, Jairo Obando y Wilfredo Balmaceda hicieron uso de la última palabra, un derecho de todo acusado al final de un  juicio, para declararse inocentes y denunciar torturas de parte de altos jefes policiales.

Gutiérrez, con la voz entrecortada, dijo que cuatro días después de ser capturado, autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) lo llevaron a una casa particular donde lo esperaba el Comisionado general y jefe de investigaciones de la Policía Ramón Avellán. “Había dos vehículos, dos prados, una camioneta crema como del 2010 o 2006 y otra blanca más moderna… El señor Avellán me llevó a una casa particular y ahí comenzó la peor tortura, una cosa fea que no se la deseo a nadie”, dijo.

El relato de Gutiérrez sorprendió a todos en el séptimo y último día del juicio en el que los 12 campesinos acusados de la masacre del 19 de julio fueron encontrados culpables de una matanza en la que cinco simpatizantes del FSLN murieron y 29 más resultaron heridos, luego de que dos caravanas fueran refaguedas en el kilómetro 75 de la Carreta norte y en San Ramón, Matagalpa cuando el país celebraba los 35 años de la derrota de la dictadura somocista.

“Comenzaron a ocuparme de sand bag como dicen pues, sopa de muñeca... En ese momento decidieron que yo tenía que ir a traer a Jairo (Obando). Yo con el comisionado de auxilio judicial como a las 11 salimos de ahí y fuimos a la casa de Jairo a capturarlo llegamos como a eso de la una”, relató Gutiérrez, mientras sus familiares, presentes en la sala de juicio, lloraban.

Gutiérrez, Obando y el capitán retirado del Ejército, Pablo Martínez Ruiz, prófugo de la justicia, fueron los tres tiradores de la Carretera norte, según la tésis de la Policía y la Fiscalía. Sin embargo, de este último no se aportó una sola prueba durante el proceso y apenas fue mencionado por la fiscal María Oviedo durante los alegatos finales del juicio.

Los tiradores de San Ramón, habrían sido Rosendo Huerta, con la complicidad, según el veredicto del juez, de su cuñado Zacarías Cano.

Jairo Obando fue el último de los tres procesados en hablar. Tomó el micrófono, saludó a los presentes y se declaró inocente.

“Fui capturado el tres de agosto a la una de la mañana. Me torturaron como si yo fuera un delincuente. Uno, con el perdón de ustedes, me puso el Ak en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza. Me dijeron aquí vas hacer lo que digamos hijo de la tal por cual, porque estás en nuestras manos, si no ya sabes, si no tu familia se va a morir y los vamos a decapitar manos por manos y pies por pies. Y yo tuve miedo porque la verdad mi familia es todo para mí”, dijo Obando.

“A media noche –continuó Obando– me tiraban hormigas y yo sin camisa, solo con pantalón sin zapato y sin nada, me tiraban hormigas … me tiraban patadas a darme a mí. Me trataban como animal después me bajaron y me llevaron como un perro y me jalaban y me arrastraban como animal. Me dijeron que me iba a bañar porque iba a dar una entrevista. Y yo con miedo y nervios y todo y me sientan en una mesa y están 8 personas apuntándome con una Ak de civil, pero sí encapuchado para que yo hiciera lo que ellos me iban a decir y si yo me movía o hacia un movimiento en falso, aquí te morís hijueputa… “.

“Me torturaron y tocaron lo más débil de mí: mi familia. Yo por mi familia, dije, ni modo que me maten, voy hacer lo que ellos digan”, relató Obando.

Confidencial buscó una reacción en la sala de juicio donde estaban presentes Avellán y el jefe de la DAJ Comisionado general Juan Ramón Gámez, pero huyeron a preguntas de los periodistas.

Los tres acusados narraron que el video presentado por la jefa de la Policía Aminta Granera en conferencia de prensa, en el que ellos aparecen confesando el crimen, fueron obligados a filmarlo.

“Quiero dejar claro que en el informe (video) que pasa la Policía dice que de mi libre y espontánea voluntad les he dado una entrevista en donde yo acepto los cargos que ellos me señalan. En ningún momento le he dado a la Policía una entrevista de mi libre y espontánea voluntad y ellos muy bien lo saben. Si yo les hubiera dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad aceptando los cargos que me señalan, yo al inicio de este juicio me hubiera declarado culpable, señor juez”, dijo Balmaceda.

Marlon Aburto, defensor de los únicos tres de los 12 acusados que hicieron uso del derecho a la palabra, dijo que el juez Altamirano debió tomar en cuenta el testimonio de sus defendidos en el veredicto.

“A mí, Marlon Aburto, con experiencia de andar litigando, fui militar mucho tiempo, hasta ganas de llorar me dio, porque nunca iba a pensar que en este país iba a pasar eso”, dijo Aburto.

Carlos Baltodano, que defendía al transportista Walter Balmaceda, a Erick Salgado y los hermanos Torres, conocidos como “Los tirapiedras”, denunció que sus clientes también sufrieron torturas.

“Hasta yo, que fui militar, me quedé asustado de la forma en que torturaron al hombre. A mi mis clientes me lo dijeron pero les dije no lo digan para no predisponer la decisión del juez pero también fueron torturados”, dijo Baltodano.

“Por ejemplo a Erick (Salgado) él me comentó que lo agarraron como saco de papas, les daban golpes con el puño en sus costados, le daban con la culata del fusil en sus costados –dijo Baltodano--. “A Juan José y a Gregorio (Torres) también los golpearon. A Walter no lo golpearon pero psicológicamente si lo torturaron”.

Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que no es la primera vez que denuncian torturas de parte de altos jefes policiales en la DAJ. Catalogo la denuncia como un retroceso en la protección de derechos humanos.

La foto que contradice la tésis de la Policía

La misma noche que la Policía ubica a Eddy Gutiérrez en la escena del crimen disparando, su cuñada Emigdia Torres le tomó dos fotografías. El sistema de la cámara Sony revela que la primera foto fue captada el 19 de julio a las 9 y 20 de la noche y la segunda a las 9 y 21.

En la fotografía se observa a Gutiérrez que carga a su hija dormida para subirla a una camioneta. Torres, que fue uno de los testigos del defensor Marlon Aburto, le dijo al juez que ese día, celebraban en la casa de la mamá de Gutiérrez el Divino niño y que le pareció gracioso que el acusado cargara a su hija, mayor de 10 años.

“Esto es un mal precedente para la justicia y digo que es un mal precedente porque aquí va a venir un jefe de la policía diciendo que la inteligencia le dijo esto lo otro de ustedes de mí y a todos nos van a meter preso porque en este juicio no hubo ni un testigo que lograra a ninguno de los acusados, ninguno de ellos es culpable”, dijo Carlos Baltodano, otro de los defensores.

Condenados todos

Después de concluir el juicio, Altamirano se tomó una hora y media para dictar su veredicto. A Salgado y los hermanos Torres, conocidos militantes sandinistas de Ciudad Darío, los declaró culpables por Daños agravados. La Fiscalía pidió para ellos dos años de prisión.

Los tres habrían sido contratados por el transportista Walter Balmaceda para apedrear las caravanas, que los buses aminoraran la velocidad y que así fueran blancos fáciles de los tiradores.

Balmaceda, según la tésis de la Fiscalía, fue contactado por su primo (los abogados defensores niegan que sean familia) Wilfredo Balmaceda para orientarle que buscara a “Los tirapiedras”.

Altamirano culpó a Walter Balmaceda por el delito de asesinato y lesiones graves. La Fiscalía pidió para él 18 años de prisión. José Olivar Meza Raudez, es un campesino de San Isidro acusado de brindar alojamiento a los involucrados en la masacre. El juez lo condenó por el delito de encubrimiento. La fiscal Oviedo pidió para él 15 años de cárcel.

El resto de acusados fueron encontrados culpables de asesinato, crimen organizado y conspiración y lesiones graves. Para todos la Fiscalía pidió 30 años de cárcel.

ABC del caso

El juicio arrancó el pasado tres de octubre bajo fuertes medidas de seguridad. Según la investigación policial los preparativos para la masacre comenzaron el 10 de junio cuando se reunieron en Ciudad Darío, Matagalpa, Leonel Poveda, Wilfredo Balmaceda, Eddy Gutiérrez,  Pablo Martínez Ruiz, Rosendo Huertas –señalado de ser uno de los tiradores en San Ramón, Matagalpa-- y José Cortez. El objetivo era planear el atentado.

Después se unirían al grupo Zacarías Cano, Jairo Obando y Walter Balmaceda. Sin embargo, durante los siete días que duró el juicio, el Ministerio Público presentó como testigos a policías y personas que resultaron lesionadas durante la estrategia.

Uno de los testigos estrellas de la Fiscalía era Cleofás Ríos, un militante sandinista que viajaba en el bus que conducía aquella noche Walter Balmaceda y en el que transportaban “Los tirapiedras”, dijo al juez Altamirano que ellos pasaron por el lugar de la tragedia a las 10 y 30 de la noche, casi una hora después de la tragedia.

“Yo vine aquí señor juez a decirle la verdad”, dijo Ríos ante el asombro de la fiscal María Oviedo.

Domingo Ruiz, responsable político del FSLN en la comunidad de Los Encuentros, Ciudad Darío, también desfiló como testigo propuesto por el defensor Carlos Baltodano. Le contó a Altamirano la misma versión de Ríos: que aquella noche pasaron por el lugar cuando ya la tragedia se había consumado.

“Es pasada de cuentas política”

Familiares del transportista acusado claman en demanda de justicia para su pariente

“
El transportista  Walter Balmaceda fue encontrado culpable de participar en la masacre del 19 de julio.


“Casi me muero al escuchar ese fallo contra mi hijo, porque él es inocente”, dice llorando Angelina Ruiz, madre de Walter Balmaceda Ruiz, el transportista de Darío que tras seis días de juicio fue declarado culpable como cooperador necesario para la comisión de asesinato, lesiones graves y crimen organizado, en el caso por la masacre del 19 de julio.

Ella considera que el fallo del juez Edgard Altamirano “fue una injusticia porque él (Balmaceda) es inocente y ellos lo saben muy bien (…). Primero decían que era por piedras que lo tenían ahí y yo lo que pido es justicia, que me lo saquen, que miren cómo estoy en esta silla de ruedas y me lo entreguen porque él no ha hecho nada”.

Martha Azucena Castro, la esposa de Balmaceda, estuvo en el juicio y “esperaba que declararan la inocencia de él, porque pude observar y escuchar muy bien que la Fiscalía no presentó ningún argumento para decir que fulano de tal es culpable de tal cosa, porque solo fueron cuechos”.

Su delito fue alquilar bus

“Pido a las autoridades que demostremos los hechos y que nos vayamos a la propia verdad, porque estoy segura que mi marido no ha cometido un delito de esos, porque el delito de él fue alquilar los buses al alcalde”, dice Martha Azucena Castro. Mientras, Angelina Ruiz apunta que su hijo “solo andaba haciéndole el viaje al Frente Sandinista y no es uno el que les ha hecho y de parte de la Alcaldía eran todos esos viajes”. William Balmaceda, hermano del transportista, afirmó que “esto es una injusticia”.

“Un policía no puede venir a decir (en juicio) que ‘me dijeron’ sin mencionar nombres de quién le dijo y por cuechos no se puede venir a condenar a una persona, por eso lo tomo (el fallo) como una pasada de cuentas política”, agregó Castro.

Balmaceda alquilaba con frecuencia sus tres buses a la Alcaldía de Darío para diferentes viajes de sandinistas a diversas actividades, coinciden los familiares del transportista.

Pido a las autoridades que demostremos los hechos y que nos vayamos a la propia verdad, porque estoy segura que mi marido no ha cometido un delito de esos, porque el delito de él fue alquilar los buses al alcalde”, dice Martha Azucena Castro. Mientras, Angelina Ruiz apunta que su hijo “solo andaba haciéndole el viaje al Frente Sandinista y no es uno el que les ha hecho y de parte de la Alcaldía eran todos esos viajes”. William Balmaceda, hermano del transportista, afirmó que “esto es una injusticia”.

Declaran culpables a los de masacre

El juicio fue altamente custodiado por la Policía Nacional y al final se hicieron presentes los comisionados Juan Ramón Gámez, jefe de la DAJ y Ramón Avellán, subdirector de la institución. 

Después de seis días de juicio y el desfile de noventa testigos, el juez Edgar Altamirano declaró anoche culpable a los 12 procesados por la masacre del 19 de julio, aunque descartó la conspiración y la proposición en los hechos acusados por la Fiscalía.

De esta manera declaró culpable a Juan José Tórrez Espinoza, Gregorio Tórrez Espinoza y Erick Salgado González, conocidos como “los tirapiedras”, únicamente por daño agravado.

Por este delito la Fiscalía solicitó dos años de prisión, mientras que el defensor Carlos Baltodano pidió la pena mínima y cuestionó que el daño nunca fue acusado, ni probado por el Ministerio Público, porque no presentó ningún avalúo por daño.

Mientras que a los procesados Leonel Poveda Palacios, José Ricardo Cortez Dávila, Zacarías Cano Angulo, Wilfredo Balmaceda los declaró culpables por ser coautores intelectuales de asesinato, lesiones graves y crimen organizado.

Fiscalia pide 30 años de carcel

Por estos delitos la Fiscalía pidió treinta años de prisión, mientras las defensas pidieron penas mínimas al considerar que no hay agravantes.

También criticaron la falta de pruebas para el crimen organizado, pues la Policía en su “negligente investigación” no demostró quién era el líder de la organización, ni cuál era el fin económico que perseguían, tal y como describe este tipo penal.

“Es lamentable, es un mal precedente para la justicia, porque aquí vendrá un policía diciendo que la Inteligencia le dijo tal cosa y nos van a meter presos, porque en este juicio no había ningún testigo que lograra señalar la culpabilidad. La decisión jamás fue judicial, fue política”, expresó Carlos Baltodano, uno de los defensores.

En lo que respecta a Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Obando y Rosendo Huerta, los declaró culpables de crimen organizado, de autores materiales de asesinato y lesiones graves. Aquí la Fiscalía también pidió treinta años de cárcel.

A Eddy Gutiérrez y a Jairo Obando les sumó el delito de portación ilegal de armas de fuego y a Rosendo Huerta el delito de tenencia y uso de armas restringidas.

A Walter Balmaceda lo declaró culpable del delito de asesinato, lesiones graves y crimen organizado. Por estos delitos la Fiscalía pidió 18 años de prisión. Mientras que a José Oliver Meza lo declaró culpable de encubrimiento, por este delito la Fiscalía pidió 15 años de cárcel.

“Yo respeto criterios, pero la valoración de la prueba no estuvo correcta. Jairo nunca estuvo en reuniones, ni salió contaminado en la prueba de nitrado”, dijo el defensor Marlon Aburto.

Denuncian tortura

Al final del juicio los procesados Jairo Obando, Wilfredo Balmaceda y Eddy Gutiérrez al hacer uso de la palabra denunciaron haber sufrido tortura por parte de oficiales de la Policía Nacional durante la investigación.

Además dijeron que ellos nunca confesaron ninguna participación por voluntad, sino que los obligaron a ir a reconstruir la escena del crimen y tenían que hacer lo que ellos decían porque si no los seguirían golpeando y los amenazaron con matar sus familiares.

“Soy inocente. No he tenido nada que ver con ese acto terrorista. Me llevaron encadenado ahí, la Policía me decía que me tenía que declarar culpable ante los medios”, declaró Eddy Gutiérrez.

Mientras que el procesado Jairo Obando Delgadillo acusó que los “policías antimotines” que lo llegaron a sacar de la casa de su papá lo trasladaron en un vehículo, donde le pusieron un fusil AKA en el ano y otro fusil AKA en la cabeza “ y me decían: ‘Vas a hacer lo que nosotros te digamos, si no vamos a matar a tu familia’”, dijo el procesado al judicial.

“Me llevaron a una casa solitaria amarrado como animal, me tiraban hormigas a medianoche, me jalaban de la cabeza y me arrastraban. Decían que debía hacer lo que ellos quisieran. Me torturaron y tocaron mi punto débil, mi familia”, continuó Obando. Para el abogado Marlon Ocampo, el juez debió valorar la declaración de tortura. La sentencia condenatoria quedó pendiente.

Fiscalía se enreda en caso de masacre

Incluso los peritos de la Policía   han tenido contradicciones entre sí, según los abogados defensores. El juicio por la masacre del 19 de julio lleva tres días y continúa hoy en los Juzgados de Managua.

“No han logrado probar su propia teoría”, dice abogado

En el tercer día de juicio contra los 12 acusados por la masacre del 19 de julio, el abogado defensor Carlos Baltodano cuestionó nuevamente las pruebas que presentó la Fiscalía y aseguró que el caso es una “novela detectivesca”.

“Han inventado un montón de pruebas y vienen aquí los peritos y no saben lo que están diciendo”, expresó Baltodano.

Uno de los peritos de la Policía, presentado por la Fiscalía, argumentó que en las balas analizadas en la escena del crimen se había encontrado “residuos de explosivos como TNT”; mientras que otro policía experto en química, también presentado por el Ministerio Público, expresó que eso era imposible.

“El perito químico, que es más fiable, dijo que no hay, que lo que produce la pólvora es nitrato no TNT”, argumentó Baltodano. Además se quejó de que la Fiscalía “está intentando crear confusión en el caso”.

“Hasta el momento lo que ha habido más bien es una novela detectivesca, policíaca. Han inventado un montón de pruebas y peritos y no saben lo que están diciendo”.
Carlos Baltodano, abogado defensor.

Más incongruencias

El abogado Darlin Antonio Obando considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía no han logrado probar su propia teoría.

“Hasta ahora no ha habido ni un solo indicio que acredite participación de los acusados. Lo que hay son pruebas periciales. Yo represento a los “tirapiedras” y a ninguno de ellos le han podido probar su presencia en el lugar”, dijo Baltodano.

Según declaraciones de los oficiales que han pasado en calidad de testigos, las caravanas de simpatizantes sandinistas se lanzaron piedras entre ellas mientras iban a sus lugares de origen la noche del ataque. Por ello, dijeron, fue necesario que la Policía interviniera en un par de ocasiones para controlarlas.

“La idea era establecer una relación causal entre el momento de los disparos y la acción de los ‘tirapiedras’. Pero a cada uno de los testigos que venían en los autobuses, que fueron víctimas de la balacera, se les preguntó si en algún momento fueron víctimas de golpes por piedras y dijeron que no”, señaló el abogado.

Ayer la Fiscalía presentó más testigos para sumar unos cincuenta que ya han dado declaración. Pero todavía harían falta unos 29. En total deberán presentarse 79.

Uno de los testigos que sería presentado por la Fiscalía tuvo que ser llevado al hospital porque, según la representante del Ministerio Público, María del Socorro Oviedo, este se “atragantó con comida”.

El juez Edgar Altamirano se negó a posponer el proceso para el próximo miércoles, plazo que solicitaron los abogados defensores. Expresó que quería avanzar lo más rápido que se pudiera, por lo que convocó para hoy a las 9:00 de la mañana.

Arrancó juicio en el caso de masacre del 19

Como una nueva ilegalidad y violación a derechos constitucionales calificaron ayer las defensas de los 12 procesados por el caso de la masacre del 19 de julio, el hecho que el juez Edgar Altamirano les quitó el derecho a los nueve acusados de asesinato, de ser juzgados por un tribunal de jurado como manda la ley.

A esta ilegalidad se suma el hecho de que el judicial titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua permitió que la Fiscalía presentara como prueba el video de un “experimento de investigación de la reconstrucción de la escena del crimen” con los procesados y sin estar presentes sus abogados, por lo que la consideran ilegal.


“Vayámonos al debate de pena de una vez, porque está irrespetando los derechos de los procesados, porque usted (juez) no puede subrogarse ese derecho del procesado de elegir ser juzgado por un tribunal de jurado”, dijo Carlos Baltodano, durante la audiencia previa al juicio.

VERGONZOSO ARGUMENTO DE FISCAL MARÍA OVIEDO

Sobre la solicitud de exclusión de la prueba propuesta como “experimento de la investigación de la escena del crimen”, la fiscal María del Socorro Oviedo expresó que “no solo en los laboratorios se puede experimentar”, sino incluso ahí mismo en la audiencia “se pueden experimentar muchas cosas como experimentar emociones”, argumentó la fiscal durante la audiencia preparatoria a juicio.

“El juez ha actuado de forma parcial a favor de la Fiscalía al permitirle un recurso que no cabe para que el caso sea conocido por un juez técnico y permitirle prueba ilegal e impertinente, como la del policía que vendrá a declarar que vio y escuchó a uno de los acusados decir a la televisión que había participado en los hechos. Todo es insólito en este caso”, declaró Paulino Salazar, uno de los abogados defensores.

LLEGÓ LA FISCAL GENERAL

Un poco antes de iniciar el juicio a las 2:00 p.m. de ayer, se presentó a los Juzgados la fiscal general, Ana Julia Guido, quien dijo que su presencia obedecía a la preocupación permanente de cómo se dan los procesos.

“No es la primera, ni la última vez que estoy en un juicio, siempre estoy pendiente del trabajo que desarrollan los fiscales”, indicó Guido.

Mientras tanto, en la Sala de Juicio se realizaba la lectura de la acusación por los hechos ocurridos el pasado 19 de julio cuando atacaron los buses de la caravana de simpatizantes del Frente Sandinista que iban de Managua a sus lugares de origen.

La fiscal Oviedo señaló que probará los delitos de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, daños y lesiones gravísimas cometidas supuestamente por los procesados. El juicio continuará hoy.