La desintegración familiar es uno de los efectos que deja la detención de un individuo que ha transgredido la ley. Y los hijos son los principales perjudicados, pues deben de pasar por muchos domicilios entre sus familiares.
La directora del departamento de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Mireya Orozco, advirtió que según investigaciones realizadas por ese departamento hay casos de menores que en un año han cambiado hasta tres veces en hogares de sus parientes.
“Ese proceso de adaptación de los menores a vivir sin sus padres nadie los acompaña. En silencio viven ese duelo”, dijo la especialista, quien apuntó que también se da el desarraigo.
Es por ello, que Orozco considera que cuando una persona es capturada por la justicia “el niño prácticamente pierde a su padre. Es un duelo que nadie lo acompaña”.
Orozco quien asistió a una actividad promovida por el Instituto de Promoción Humana (Inprhu) recordó que en una investigación realizada en julio de 2013, recogieron testimonios de niños afectados por esta separación, y uno de ellos les expresó: “Mi vida era buena porque tenía más amigos y jugaba. Mi familia me daba mucho cariño”.
En las investigaciones que ha realizado ese departamento han confirmado que un noventa por ciento de las mujeres encarceladas, purga sentencias por delitos vinculados a droga y en su mayoría son madres que tienen un promedio de tres hijos.
En Nicaragua no existen registros que indiquen el seguimiento que le dan las instituciones a los hijos de los privados de libertad, dijo Adilia Amaya, directora de Inprhu. El procurador de Cárceles, Álvaro Osorio, dijo desconocer si existe información sobre el tema.
No existen datos
En un estudio del Instituto de Promoción Humana (Inprhu), ¿invisibles hasta cuando? “Una primera aproximación a la vida y derechos de niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y El Caribe”, Adilia Amaya expuso que en Nicaragua se desconocen datos del tamaño que puede ser la población infantil así como el seguimiento que le dan las autoridades.
Amaya recomendó registrar ese tipo de información, así como la formación de los operadores sociales de las instituciones encargadas para que elaboren una guía de procedencia para las visitas en los penales, al tiempo que demandó a la Procuraduría de Derechos Humanos que realice su rol de fiscalización para garantizar la protección de los niños.
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