Canal se hace a escondidas

Para el Grupo Cocibolca “los avances de los estudios presentados no se corresponden con las expectativas de la sociedad nicaragüense, ni están a la altura de lo prometido públicamente por las autoridades del Canal.


En Panamá hubo referéndum para aprobar ampliación del Canal. Aquí ni preguntaron
Para poder ampliar el Canal de Panamá hubo un largo proceso previo que siempre involucró a la población.

Sin embargo en Nicaragua ha ocurrido lo contrario, pues como manifestó el Grupo Cocibolca, a pesar de la presentación de avances del proyecto canalero realizada el 20 de noviembre, “después de siete fechas propuestas, una vez más, HKND GROUP (concesionaria del Canal) y ERM (empresa a cargo de los estudios de factibilidad ambiental del proyecto) no realizaron la presentación de los resultados de los estudios de impacto ambiental, social y cultural, ni tampoco los estudios de factibilidad financiera, económica y comercial, que nos permitan conocer de manera clara y transparente los resultados de los estudios anunciados”.

“En Panamá se hizo un documento que se puso en el periódico, donde la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) trataba de explicar su visión y los sectores que se oponían también podían hacerlo, se hicieron muchos foros, hubo mucha actividad” y que como la Constitución señala que no se puede hacer nada en el Canal si no es por referéndum, “cuando pasó todo este período de debate, eso culminó en la aprobación de una ley y después se sometió a un referéndum”, explicó Jované,

ESTUDIOS DISPONIBLES

Jované, quien participó en la conferencia “Alternativas al modelo hegemónico: más allá del desarrollo”, habló de la experiencia de la ampliación del Canal de Panamá.

“La ampliación (tomó) bastante tiempo porque para hacerla se hicieron estudios muy profundos y están todos en internet si alguien los quiere ver. Se hizo un estudio de proyección de demanda, ese es un estudio que hay que hacerlo por origen, por tipo de carga, tipo de barco, consultando a usuarios, hubo que hacer eso”, mencionó.

Jované mencionó que realizar estos estudios se tomó tres o cuatro años y “quizás un poquito más” porque “para poder hacer una obra como la ampliación (del Canal) se tuvo que trabajar la parte del impacto ambiental y no solo el impacto ambiental, también la mitigación y ese fue otro estudio que se hizo. Hubo que hacer el estudio financiero y obviamente los estudios constructivos”.

PREOCUPACIÓN REGIONAL

Según Mónica López Baltodano, directora ejecutiva de Fundación Popol Na, “parte de las cosas que se están haciendo en este tema es crear una conciencia regional  sobre los impactos del Canal que no es problema de Nicaragua nada más si no de toda la región”, razón por la cual “hay que crear conciencia en la región del impacto multiplicador que va a tener el Canal en términos de muchos aspectos, no solamente la afectación directamente ambiental”.

CIFRA DE REFERENCIA

Decir que el Canal que atravesaría el país costará 50 mil millones de dólares puede ser fácil, pero que suceda, es  difícil. “Obviamente la cifra que se da al principio es una cifra de referencia,  porque supongamos que escasea de repente el hierro o que se encarecen los combustibles, esos proyectos (construir un canal) son complicados y por ser complicados tienen esa característica: siempre son un poco más caros  o bastante más caros de lo que se programa inicialmente y generalmente terminan después y esas dos cosas afectan su rentabilidad”, explicó el economista panameño Juan Jované.

Temen crisis de agua por Gran Canal

Monica López Baltodano.Grupo Cocibolca presenta conclusiones sobre viabilidad del megaproyecto con base en estudios propios.

¿Habrá suficiente agua para el Canal Interoceánico y para los nicaragüenses de acá al 2039? Según las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) realizado por el Grupo Cocibolca o se suplirá la demanda de agua del Canal o la de los nicaragüenses.

Más protestas en El Tule y San Jorge

En El Tule, Río San Juan, un grupo de comunitarios, quienes se han autoconvocado, manifestarán su inconformidad con el proyecto canalero este jueves 2 de octubre a las 9:00 a.m. El lema de la marcha será No vendo mi tierra… No somos vendedores de tierra. Por su parte, habitantes de San Jorge se alistan para la tercera marcha contra el Gran Canal en Rivas, la que se realizará el viernes a las 2:00 p.m. Las otras dos marchas contra el proyecto del Canal se realizaron en los municipios de Buenos Aires y en Potosí. Ramón Villarreal Bello.

Solo para el Canal, el Grupo Cocibolca estima que serán necesarios 8.44 millones de metros cúbicos de agua a diario, mientras que la cantidad de agua que se dispone actualmente es de 14.7 millones de metros cúbicos.

Sin embargo, por la incidencia del cambio climático, de 2015 a 2039 se espera una reducción en años críticos, de hasta el 35%, lo que dejaría una disponibilidad de 8.45 millones de metros cúbicos de agua, una cifra similar a la demanda proyectada para el Canal.

Según Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt y miembro del Grupo Cocibolca, para 2039 el Canal “va a estar operando, prácticamente, con toda el agua disponible”.

La presentación de los resultados del EIAS se realizó este 29 de septiembre durante el Foro Nacional Reflexiones sobre el Canal Interoceánico y su Concesión, organizado por el Grupo Cocibolca, integrado por el Centro Humboldt, Fundación del Río, Fundenic SOS, Red Local, Fundación Popol Na, entre otras.

Campos además explicó que solo para llenar el embalse Atlanta serían necesarios 7,450 millones de metros cúbicos de agua que aportaría la cuenca del río Punta Gorda. Eso equivaldría a esperar que ocurran tres temporadas lluviosas.

“Se nos ha dicho que arrancan en el 2015 y para el 2019 van a estar operando. No sabemos si efectivamente van a empezar a construir el embalse en 2015, si así fuera, les va a tomar, en el cálculo más optimista, tres años, eso nos lleva al 2018, asumiendo que van a cumplir con los plazos establecidos y ese embalse no se va a llenar de un día para otro; eso nos pone en un tiempo mucho más allá de los plazos planteados”, afirmó Campos.

BOSQUES NO ESTÁN DESTRUIDOS

Otro aspecto expuesto por Maura Madriz, oficial de Recursos Hídricos del Centro Humboldt, es la desmitificación en cuanto al estado de los bosques en la zona seleccionada para la ruta.

“En algunas de las declaraciones que se han dado y se han dicho es que el proyecto del Canal Interoceánico va a ser usado como la salvación de nuestros recursos y los suelos y se decía que la mayor parte de donde va a pasar ya está destruido, para nosotros era importante constatar si eso era cierto”, aseguró Madriz.

Según lo obtenido del estudio, el 59.4% de la zona del área de influencia directa (diez kilómetros a cada lado de la ruta por los 278 kilómetros de longitud de ruta) del Canal, pertenece a algún tipo de bosque.

Ese 59.4%, equivale a 193 mil hectáreas de bosques latifoliados, de manglar o de palma.

Además del bosque, Madriz mencionó que en la zona de influencia directa se han identificado 22 especies que están incluidas en el libro Lista Roja, Especies en alto riesgo, realizado por la Asamblea Nacional, la Autoridad Nacional del Agua y la Feria Nacional de la Tierra.

Si a esa lista se le incluyen las especies que a nivel nacional se encuentran en veda indefinida, la lista crece a más de cuarenta.

ESTUDIO JURÍDICO

La directora de la Fundación Popol Na, Mónica López Baltodano, presentó los resultados del estudio jurídico relacionado con la concesión del Canal Interoceánico.

“El hecho de que haya sido negociada y gestionada en el más absoluto secreto, la convierte en una concesión cuestionable, ilegítima. Y el hecho de que haya sido aprobada sin consulta ciudadana, sin pueblos indígenas o municipalidad, que se haya entregado sin licitación en un proceso acelerado de siete días en la Asamblea Nacional, la convierte en una ley inconstitucional desde todo punto de vista jurídico”, detalló López Baltodano.

Durante su ponencia, López Baltodano cuestionó la diferencia en la cantidad de empleos prometidas por el Gobierno.

CUESTIONAN CANTIDAD DE EMPLEOS OFRECIDOS

En sus proyecciones, según López Baltodano, el Gobierno ha dicho que con el Canal se generarán 1.2 millones de empleos, mientras que el inversionista, HKND Group ha dicho que se generarán 50 mil empleos.

Además del Canal como tal, López Baltodano recordó que la Ley 840 da la libertad al inversionista de incluir subproyectos que no necesariamente son importantes para el funcionamiento del Canal.

“¿Qué más se entrega? Se entregan derechos irrestrictos a favor del inversionista, de prácticamente todos los recursos naturales, tierra, aire, agua, bosques, islas, plataforma continental, lagos superficiales, incluyendo el derecho sobre ríos, lagos, océanos, que el inversionista puede dragar, extender y reducir, según él considere necesario”, indicó López Baltodano.

VOCES INDÍGENAS

Además de las ponencias hubo un panel de valoraciones y perspectivas desde los territorios y comunidades que serán afectadas por estar en la ruta del Canal.

En el panel estuvieron presentes representantes del Gobierno territorial Rama-Kriol, del Gobierno comunal Creole de Bluefields, de Juigalpa, San Miguelito, Punta Gorda, Nueva Guinea y Rivas.

Para líderes comunitarios como Carlos Wilson, de la comunidad Bang Kuku Taik “los pueblos indígenas no deberían de vivir este tipo de situación” porque tienen “derechos ancestrales” sobre esas tierras.

““A mí me ha preocupado mucho. Ahí donde vivimos tenemos nuestra cultura, nosotros somos nativos, yo como rama soy nativo de la Costa, ahí tengo mi vida””, manifestó Wilson.

En la comunidad de Wilson están colocados tres mojones que, según él, fueron puestos sin consultar a nadie.

““Yo como pueblo rama, si el Canal pasa ahí, nos va a afectar a nosotros y ¿dónde nos vamos a ir a vivir?””, se preguntó Wilson.