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| El 7 de agosto la Policía presentó a ocho de los detenidos como sospechosos de haber perpetrado el crimen contra una caravana de simpatizantes sandinistas. Así quedó uno de los buses atacados. |
“Esto sería negociar con la justicia, negociar con el sentimiento de las familias dolientes”, sostuvo Carrión, quien estimó que esto reafirma lo que ellos expresaron desde un inicio: “la verdad no está bien contada”.
Y esto reafirmaría que la verdad la han estado manipulando y con esta eventual negociación lo que precisamente vendría es a enturbiar más el asunto”, indicó el defensor de derechos humanos.
Según Carrión, con esta actuación la Fiscalía pretende beneficiar a los tres primeros detenidos, que militan en el FSLN.
Carrión se refiere a los primeros acusados Juan y Gregorio Torres y Erick Salgado, a quienes posteriormente junto al transportista Walter Balmaceda, les imputaron los delitos de conspiración y proposición para la comisión de crimen organizado, asesinato y lesiones gravísimas.
Los familiares de los Torres fueron los primeros en recurrir en su momento ante el Cenidh, a denunciar que la Policía los involucró sin prueba alguna.
La fiscalia y los abogados defensores
La Fiscalía se reunió el pasado 17 de septiembre con los abogados y les ofreció eliminar las pruebas testimoniales de las víctimas con lesiones leves a cambio de que ellos dieran como un hecho todos los peritajes de la Policía que supuestamente incriminan a los procesados.
Al abogado Félix Pedro Ocampo, defensor de Rosendo Huerta y Zacarías Cano Angulo —acusados de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, daños y lesiones gravísimas en perjuicio de más de veinte personas, quienes viajaban en la caravana de buses del Frente Sandinista el pasado 19 de julio—, le propusieron que para terminar el juicio de manera rápida aceptara que las huellas dactilares en la botella de licor encontrada supuestamente en el lugar desde donde se realizaron los disparos contra los buses, son de Huerta.
A nivel de narcotrafico
El defensor de derechos humanos señaló que aunque el Código Procesal Penal (CPP) establece que en determinado momento del proceso la Fiscalía puede contemplar la negociación, esto ocurre más que todo en casos del narcotráfico, donde al traficante pequeño lo utilizan para “quebrar” al narcotraficante mayor.
En ese tipo de casos, Carrión considera que es entendible esta negociación, pero no en casos como el del 19 de julio que fue un hecho atroz, pues fue una masacre donde fueron truncadas cinco vidas y varios heridos.
“Aquí hacen mal hasta las películas”, criticó el defensor de derechos humanos, quien señaló que desde un inicio en este caso ha habido una serie de arbitrariedades.
Los señalados
El 7 de agosto la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, afirmó que quienes habrían planificado la masacre fueron: Leonel Poveda, alias “Nahum”; Rosendo Huerta, alias “Conejo”; Pablo Martínez, alias “Yalí”, quien permanece prófugo; Wilfredo Balmaceda, Eddy Gutiérrez, alias “El Tigre” y José Ricardo Cortez, alias “El Cobra”. Hasta ahora Martínez, con amplia experiencia militar es el único que está prófugo.
“Desde un inicio nosotros dijimos que esa verdad está empañada, está toda turbia. ¿Cómo explican ese variopinto? Militantes del Frente, liberales, un narco Zeta, un compañero capitán de tropas especiales del Ejército retirado… la capacidad que tuvieron para organizar ese variopinto de gente”, señaló Carrión.
Eliminar vídeo
Marlon Ocampo, defensor del procesado Eddy Gutiérrez, dijo que durante la audiencia preparatoria a juicio, programada para el mismo 3 de octubre solicitará la eliminación del vídeo, en el que su representado supuestamente admite haber disparado contra la caravana sandinista.
Ocampo califica la prueba de ilegal, ya que Gutiérrez en ese proceso nunca estuvo acompañado de su abogado.
Mientras que los abogados Félix Pedro Ocampo y Paulino Salazar dijeron que es en la audiencia preparatoria que se debe discutir la prueba.
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